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Para todos los infractores se establecerán penas de privación de libertad y de trabajo correccional
El combate contra el delito se intensifica hoy en nuestro país, debido al aumento de actitudes negativas que han aparecido en los días posteriores al paso de los ciclones Ike y Gustav, informó Juan Escalona Reguera, Fiscal General de la República, en la Mesa Redonda Informativa de este jueves.
El dirigente reveló que se han dado casos de robo y especulación de alimentos en el mercado negro, y que en muchos mercados agropecuarios los precios se han elevado enormemente sin justificación. Igualmente hay personas que se han dedicado a vender las tejas y otros materiales de construcción, y sustraen además los cables eléctricos y telefónicos.
Para todos los infractores —algunos de los cuales ya han sido procesados—, se establecerán penas de privación de libertad y de trabajo correccional. No se trata de cambios al Código Penal, sino de aplicar las sanciones que establece dicha ley para esos delitos, los cuales, debido a las circunstancias actuales que vive el país, se juzgarán con la mayor severidad.
Siempre se tendrán en cuenta las circunstancias personales de los infractores, la edad, y si existen o no antecedentes penales. Esta situación se mantendrá hasta que Cuba regrese a la situación que vivía antes del paso de los huracanes.
Por su parte, Yamila Peña, fiscal jefa provincial de Ciudad de La Habana, explicó que también se han reforzado las verificaciones fiscales, cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de la legalidad.
Se trata de acciones de comprobación que realizan los fiscales, auxiliados de peritos y especialistas, en las que se verifica el cumplimiento del objeto social y el correcto uso, destino y preservación de los bienes materiales y financieros en las diferentes entidades estatales.
La funcionaria señaló que en la capital se han priorizado las verificaciones fiscales a las entidades más relacionadas con las necesidades de la población, como las del sector alimentario, la salud pública y la educación.
Rafael Pino, vicefiscal general, explicó que la fiscalía es el órgano encargado del control de la legalidad, sobre la base de la vigilancia y el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes, decretos y el resto de las normas jurídicas. Además, es la que ejercita la acción penal pública ante los tribunales.
Igualmente, explicó que esa entidad tiene como objetivos procurar restablecer la legalidad cuando esta ha sido quebrantada, promover la sanción de aquellas personas que atenten contra la soberanía del estado o intereses económicos y sociales, proteger los derechos ciudadanos en el ejercicio legítimo de sus intereses, y combatir las acciones de abuso de poder o corrupción.
«En nuestro sistema laboran hoy 1 290 fiscales; de ellos, el 74 por ciento son mujeres. El promedio de edad es de 35 años. Hay unidades en todas las provincias y municipios del país».
Pino reveló que uno de cada cinco fiscales alcanza alguna titulación de formación académica, y que casi el 60 por ciento tiene categoría de docente.
Por último, Idania Silot, de la dirección de protección de los derechos ciudadanos, dijo que en todas las instancias se atiende a la población diariamente, y se reciben por escrito las quejas y reclamaciones de las personas que presenten alguna inconformidad.
Una vez recibida la queja, el fiscal dispone de 60 días para hacer investigaciones y determinar si existen violaciones de la ilegalidad.
El pasado año se atendieron más de 12 000 quejas o reclamaciones, y en el 27 por ciento de ellas se determinó que hubo violaciones de la legalidad. Los temas más tratados fueron la vivienda y las decisiones emitidas por los órganos de justicia laboral de base.
