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Zafra cubana, corte mecanizado de la caña de azucar. Autor: Roberto Ruiz Espinosa Publicado: 21/09/2017 | 05:47 pm
La nueva Ley de la Inversión Extranjera, que como se sabe entrará en vigor en menos de 90 días, luego de haber sido aprobada el pasado 29 de marzo por la Asamblea Nacional, sigue concitando inquietudes en la opinión pública nacional.
Variopintas son las interrogantes al respecto. La primera y más general gira sobre cómo esta normativa beneficiará al país y qué diferencia a esta Ley de la vigente —la No. 77 de 1995.
Otras preguntas se dirigen a tópicos que pudieran tener una repercusión directa en la vida personal. No es secreto para nadie que muchos ven en esta una muy buena oportunidad para acceder a puestos de trabajo que, sin lugar a dudas, serán muy bien retribuidos salarialmente, entre otras ventajas.
Se quiere saber. Los cubanos buenos, que son la inmensa mayoría, piensan en el país y también —como legítimamente corresponde— en las repercusiones positivas que esta Ley puede tener en la vida y la economía personal y familiar.
Así las cosas, directivos del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) acudieron a un nuevo encuentro con la prensa, esta vez convocado por el Centro de Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba (Cepec), entidad adscripta a ese Ministerio.
Déborah Rivas, directora general de Inversión Extranjera del Mincex, insistió en que es una ley dirigida a hacer crecer y desarrollar el país según nuestro modelo económico socialista. «Está basada en el interés mayor del país», afirmó.
Excepto la educación, la salud y las instituciones armadas, puede materializarse en cualquier sector de la economía —e incluso los sistemas empresariales de los tres sectores mencionados pueden ser beneficiados por inversiones foráneas.
Al abordar el tema de los inversores cubanos, Rivas señaló que la Ley es exacta al definir a estos como personas jurídicas, es decir, entidades como empresas y cooperativas, no personas naturales, o sea, individuos particulares.
Todos los cubanos que tienen la posibilidad están invirtiendo en el país, como en el sector de trabajo por cuenta propia, incluidos capitales provenientes de las remesas; eso no está prohibido.
Las leyes no limitan la inversión directa de los cubanos en el territorio nacional, solo que esta normativa —como ocurre en otros países— está dedicada a atraer capital extranjero, a buscar financiamiento externo, señaló Déborah Rivas.
Lo que se busca es esa fuente extra de financiamiento que el país no puede generar por sí mismo, para crecer a mayores tasas que las actuales, alcanzar un mayor ritmo que el actual y así desarrollarnos en tiempo más corto, explicó.
Otra interrogante que ha sido lanzada al ruedo desde que se empezó a hablar de la nueva Ley de la Inversión Extranjera es lo relacionado con los cubanos que residen en el exterior.
La directiva del Mincex señaló que la legislación está dirigida a todos los potenciales inversores extranjeros. «No distingue procedencias, solo dice que queremos atraer capital extranjero para el desarrollo».
«Un cubano que reside en el exterior y tiene una empresa seria, con experiencia, con capital suficiente para desarrollar un negocio, puede ser evaluado. No hay ninguna limitación para el capital de cubanos que residen en el exterior».
Lo que impide esto es el bloqueo estadounidense, como la Ley Torricelli, de 1992, que imposibilita incluso a sus filiales en otros países invertir en Cuba, y las medidas extraterritoriales reforzadas con la Ley Helms-Burton de 1996.
La Ley cubana no bloquea a nadie, ni a las empresas norteamericanas ni a los cubanos que viven allí. Ellos son los que se bloquean, enfatizó la Directora General de Inversión Extranjera del Mincex.
De empleados y empleadoras
Otro asunto muy debatido ha sido la cuestión de las entidades empleadoras. Al respecto, Rivas señaló que estas no son privativas de Cuba y enfatizó que su objetivo, como hasta ahora ha sido, no será recaudatorio, sino el de brindar un servicio eficiente a los emprendimientos con capital foráneo.
Normalmente un inversionista extranjero no conoce el país, y necesita que se le diga quiénes son las personas calificadas para desempeñarse en la labor que quiere desarrollar; la entidad empleadora deberá, así, estar capacitada para seleccionar y ofertarle al inversor personas con la capacidad idónea para realizar un trabajo.
Sirve, además, para dar soluciones eficientes a conflictos y exigir que se cumpla el Código de Trabajo y se respeten cuestiones como la Seguridad Social; es decir deberá hacer cumplir los derechos de nuestros trabajadores, protegerlos.
A una pregunta de JR sobre cuándo saldrán publicadas en la Gaceta Oficial la nueva Ley de la Inversión Extranjera y las normativas complementarias, la directiva del Mincex informó que se trabaja, como decidió la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional que la aprobó, en la corrección de estilo de la misma y en la conciliación de la ley con sus normas complementarias, por lo que deben estar listas tan pronto sea posible.
En cuanto al interés mostrado por potenciales inversores, Rivas señaló que hay mucho. «El clima es muy favorable», enfatizó, y no solo incluye a sectores tradicionales como el turismo, sino a otros como el agropecuario.
A una pregunta de colegas del periódico Granma sobre si personas que ejercen el cuentapropismo pudieran formar parte de las bolsas de empleo de entidades empleadoras, pues agencias de este tipo, como Acorec, exigen que para entrar a estas tienen que ser trabajadores emplantillados en empresas estatales, se indicó que ya no será así.
Para más claridad al respecto, los directivos del Mincex sugirieron no hacer comparaciones. A buen entendedor: que ese tipo de prácticas serán, por suerte, cosa del pasado.
