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Catastro urbano Autor: Juventud Rebelde Publicado: 25/04/2018 | 07:27 pm
Desde 2014 están aprobadas en Cuba la política del catastro nacional, las proyecciones para actualizar el catastro rural y desarrollar el urbano, con fecha límite en 2017 y 2021, respectivamente.
Esta política, a partir del trabajo realizado por especialistas de planificación física y Geocuba, logró cumplir su primera meta; a fines del año anterior culminó con éxito la actualización del catastro rural, el que había comenzado a implementarse en 1976.
Un levantamiento aéreo del país, el procesamiento fotogramétrico y cartográfico, y la investigación de cada uno de los poseedores de tierra con la clasificación de sus parcelas de acuerdo con el uso correspondiente, fueron los primeros pasos en este sentido.
Con los datos arrojados luego de su conclusión en 1992, se logró la representación gráfica mediante mapas en base plástica y en papel. Sin embargo, aunque se brinda la superficie total de todos los asentamientos humanos, no se conocían los datos catastrales de las áreas urbanas. En 2014, aún no se había logrado el levantamiento de estos inmuebles.
¿Por qué es importante el catastro urbano?
Como explica Yurisandra Reynoso Vigoa, subdirectora de Catastro e Información del Instituto de Planificación Física (IPF), el catastro es un inventario de la totalidad de los bienes inmuebles de un país, permanente y metódicamente actualizado mediante el cartografiado de los límites de las parcelas y de los datos asociados a esta en todos sus ámbitos.
Es además, señaló, un sistema implementado internacionalmente que asegura la legalidad de los inmuebles, el orden urbano y rural, así como los pagos tributarios con vistas a la inversión extranjera.
Puntualizó que en el caso específico de nuestro país, con su implementación se pretende lograr la emisión de certificaciones catastrales para la inscripción de las personas naturales y jurídicas en el Registro de Tenencia de la Tierra, reducir los trámites para la inscripción de los inmuebles en el Registro de la Propiedad, delimitar los asentamientos urbanos y rurales en favor de la división político administrativa, así como generar datos sobre el uso y tenencia de la tierra para su publicación por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).
«Este sistema propicia que los organismos de dirección provinciales y municipales conozcan las potencialidades del territorio y los recursos reales con que cuentan sus pobladores, lo que a su vez posibilita una planificación eficiente a nivel de país y un mejor ordenamiento urbanístico», aseguró.
El desarrollo sostenible de las ciudades, el enfrentamiento al cambio climático y la resiliencia, tienen también en la implementación del catastro un importante instrumento de información territorial.
Es por ello, que al sistema catastral se le confiere una alta prioridad, más en los últimos tiempos, en los que varias zonas de Cuba han sido severamente dañadas por huracanes.
Según el artículo Metodología para la realización del catastro urbano, publicado por el IPF, «el catastro constituye una herramienta que fortalece la gestión eficiente de la información del territorio, y sirve de soporte a los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos, a los planes de ordenamiento urbano y de reducción de desastres».
Reynoso Vigoa explicó que esta es una de las razones por las que en el proceso de levantamiento catastral se han priorizado las cabeceras provinciales que registran altos índices de densidad poblacional y la capital, donde resulta mayor la concentración de valores patrimoniales, culturales, económicos, de servicios y de infraestructura.
A pasos agigantados
Hasta el momento, dijo Reynoso Vigoa, se han emitido 8 702 certificaciones Catastral-Urbano. La provincia de Villa Clara va a la delantera con diez zonas catastradas y más de 3 000 emisiones de dicho documento. «En segundo lugar se encuentra la capital, donde tenemos seis de estas zonas. El único municipio concluido es Plaza de la Revolución.
Al cierre de marzo, de las 84 000 manzanas existentes en el país se registraron como catastradas más de 31 000. La especialista destacó que los datos que se manejan forman parte de las estadísticas obtenidas en el Censo de Población y Vivienda de 2012, y que serán actualizados durante este levantamiento.
Aclaró, además, que para conformar el catastro urbano es necesario medir la superficie de los inmuebles y realizar la investigación de todos los datos que deben aparecer en el título de propiedad de la vivienda para su posterior inscripción.
La Subdirectora de Catastro e Información del IPF destacó la labor de la Comisión Nacional de Catastro, así como sus ramificaciones provinciales y municipales, las que según dijo han tenido mucho que ver con el rápido avance de este proceder en el país.
Además de lo objetivo y técnico que requiere el catastro, tenemos que trabajar en la capacitación de nuestros especialistas, así como del personal que trata directamente con la población, ya que es esta una de las inconformidades constantes de nuestros usuarios; la indebida información y la incorrecta atención.
Plaza de la Revolución
Manuel Fernández, director municipal de Planificación Física en Plaza de la Revolución, explicó a JR que la política de Catastro Nacional minimiza los trámites que tanto molestan a la población.
«Anteriormente las personas tenían que ir al arquitecto de la comunidad y solicitar un documento técnico por el que pagaban 140 pesos, luego venían a Planificación Física y nosotros hacíamos el dictamen técnico. Aunque este último no se cobraba era un paso que demoraba el servicio».
Todo se complicaba, comenta, en caso de que las medidas y linderos de la propiedad estuvieran incorrectos. Entonces, Planificación Física debía pasar el documento al departamento jurídico para que este hiciera una resolución que arreglara las áreas mal medidas dispuestas en el documento legal de la persona, luego al arquitecto de la comunidad, al notario y a Vivienda. A esta última entidad se recurre solo si existen acciones constructivas efectuadas antes de 2011.
«También nosotros debíamos emitir otro documento, el Certifico ley 288, para autorizar esas acciones. Con todos esos documentos el propietario tendría que dirigirse al notario o a Vivienda, en dependencia de las características de la actualización», puntualizó el directivo.
El levantamiento catastral y el trabajo de planificación física en función del desarrollo de este sistema, permitieron que, en municipios como Plaza, se reduzcan al mínimo las entidades que participan en la actualización y legalización de propiedades con la emisión de certificaciones catastrales.
Además, mientras que por el documento técnico del arquitecto de la comunidad se pagaba 140 pesos, la certificación catastral se obtiene por 50 pesos, según la Resolución 59 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP).
«Los datos del levantamiento se procesan en un denso programa informático, a partir del cual se emite la certificación catastral», expresó.
Geocuba, dijo, es la entidad encargada del levantamiento geométrico aéreo, mientras que Planificación Física lo hace de forma literal en las viviendas, a partir de las mediciones y la revisión del documento legal. «Así se obtienen las dimensiones de la parcela y del inmueble y con el software actualizamos los datos de la propiedad».
Las correcciones en el título de propiedad original también incluyen la nomenclatura referida en la descripción de los locales.
«Es un documento mucho más completo y detallado. La descripción es más certera y específica que la levantada a lienza, ya que es una apreciación geométrica y no del técnico que va al lugar. Este levantamiento debe actualizarse en un período máximo de cinco años», argumentó.
En el documento en cuestión aparecen todos los propietarios, posibilidad que anteriormente estaba limitada. De igual manera, se incluyen adjudicaciones de herencia o declaratoria de herederos.
El tiempo promedio de los trámites con el certifico se acorta considerablemente. Antes, en dependencia del trámite, el paso por todas las entidades podía demorar de seis meses a un año. Ahora el trámite sale en un período máximo de 75 días. «En la mayoría de los casos los documentos se emiten antes del plazo límite debido a las facilidades de los trámites internos y no con otras entidades», advirtió.
