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Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular Autor: Abel Rojas Barallobre Publicado: 21/12/2021 | 08:56 pm
Tres nuevas leyes que enriquecen la profunda reforma judicial y procesal que ha vivido el país en los últimos meses fueron aprobadas este martes por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se trata de la Ley de Ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo, primera normativa sobre el tema que alcanza este rango en la historia del país, así como de las normas jurídicas de los Tribunales Militares y del Proceso Penal Militar.
Su aprobación tuvo lugar en el 8vo. Período de Sesiones del Parlamento, en su 9na. Legislatura —que sesiona de forma presencial en el Palacio de Convenciones de La Habana—, y que este martes contó con la presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República.
Como una disposición necesaria y novedosa que defiende el derecho a la propiedad relacionada con el suelo, a una vivienda adecuada y a un medio ambiente sano y equilibrado, entre otros aspectos, calificó Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, la ley referida a este tema.
«Con su promulgación, se dispondrá por primera vez de una norma jurídica integral, capaz de articular y coordinar las diferentes competencias que inciden sobre el territorio y que regule de forma adecuada las exigencias del planeamiento, la gestión, el control y la disciplina territorial y urbana», acotó Rodiles Planas.
El diputado precisó que desde 2015 se ha trabajado en este documento y la Ley de Ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo que se propone tiene como objeto establecer las regulaciones para una adecuada organización y utilización óptima del espacio, con una visión perspectiva del desarrollo que articule las diferentes competencias que inciden sobre el territorio.
Como aspectos significativos
de la norma jurídica, enunció el ordenamiento territorial y urbano como políticas públicas que orientan la actuación de los actores públicos y privados sobre el uso del suelo como recurso finito, las responsabilidades de los órganos locales del Poder popular, del Instituto Nacional, delegaciones provinciales y direcciones municipales de Ordenamiento territorial y urbanismo, el régimen jurídico y urbanístico del suelo y los instrumentos para su gestión y uso sostenible.
Por su parte, Santiago Lajes Choy, presidente de la Comisión de Industria, Construcciones y Energías del Parlamento, significó en el dictamen realizado a esta ley que resulta novedosa la propuesta de la declaración de incompatibilidad y ruina sobre las edificaciones, la construcción en azoteas estatales, las servidumbres y reconoce la necesidad de los mecanismos e incentivos económicos, fiscales y legales que contribuyen al manejo sostenible del suelo y las herramientas que permiten poner los beneficios derivados de las operaciones sobre el suelo al servicio del interés general.
Entre las recomendaciones expuestas en el dictamen, figura que el Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo desarrolle un plan de capacitación de sus integrantes y otros organismos que así lo requieran, para el conocimiento de esta ley y sus disposiciones complementarias, establezca una estrategia de comunicación social que permita la debida información de su contenido y sus normas complementarias.
Por su parte, Inés María Chap-
man, vice primera ministra de la República de Cuba, comentó que hoy existen muchos desórdenes urbanísticos que impactan en el desarrollo económico y social del país, por lo que la ley contribuirá a la resolución de muchas de las indisciplinas, además de articular con los planes económicos y los presupuestos del Estado y de los órganos locales.
Además, se refirió a la necesidad de que la población conozca y estudie esta ley, así como indicó disminuir trámites e informatizar procesos. Mientras, el diputado por Arroyo Naranjo Gerardo Enrique Hernández Suárez se refirió al control del cumplimiento de la ley.
Justicia militar de mayor calidad
Como parte del cronograma, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, también presentó a los diputados los proyectos de leyes de los Tribunales Militares y del Proceso Penal Militar, los cuales, dijo, son fruto de la construcción colectiva, enriquecida desde la base.
Sobre la primera norma jurídica afirmó que está en total sintonía con la Carta Magna de la nación y se le incorporan recomendaciones y criterios en consonancia con el carácter unitario del sistema de tribunales del país. Precisó que da continuidad a la tradición jurídica cubana de que existan leyes específicas para el ámbito militar.
Posteriormente, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, presentó el dictamen de la ley, el cual destaca que ese texto forma parte del proceso de reforma judicial que se viene desarrollando en el país y en consecuencia guarda una estrecha vinculación con la Ley de los Tribunales de Justicia aprobada por el Parlamento en el anterior período ordinario de sesiones.
Esta normativa jurídica militar tiene el papel trascendental de contribuir al fortalecimiento del orden y la disciplina en las instituciones armadas, piedra angular en el eficiente desempeño de la misión que les establece la Constitución de la República de proteger y mantener la independencia y
soberanía del Estado, su integridad territorial, su seguridad y la paz, puntualizó.
Además, destaca el dictamen que, en consonancia con los instrumentos internacionales y la Constitución de la República, consolida el régimen de garantías individuales en el fuero militar, al consagrar el principio de la igualdad ante la ley, el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia, el de ser oída públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley.
Extender a la jurisdicción militar el fortalecimiento del régimen de garantías establecidas en la Constitución de la República es el principal propósito de la Ley de Proceso Penal Militar, la cual es coherente con el derecho procesal penal moderno, pues desarrolla ampliamente los fundamentos del debido proceso.
Así lo aseguró Remigio Ferro durante su presentación, quien además destacó que con esta norma se homologan instituciones y procedimientos afines de la legislación procesal penal común, lo que refuerza el tratamiento igual y el carácter garantista de nuestras leyes.
Entre los aspectos más relevantes de esta ley, mencionó, el fortalecimiento de las garantías del derecho a la defensa de las personas acusadas, y se incorpora un tratamiento diferenciado para el juzgamiento de los menores de 18 de años.
Al presentar el dictamen Toledo Santander resaltó otros aspectos novedosos de la norma jurídica. En tal sentido, apuntó que incorpora y consolida principios fundamentales como la disposición a la justicia ordinaria, con el cual se relaciona la agregación del recurso de Habeas Corpus. Y el principio de juez natural garantiza el carácter imparcial e independiente del tribunal en su función de impartir justicia, lo cual constituye una prohibición del establecimiento de fueros especiales.
Gran significado reviste el principio de defensa, dentro del que se inscribe la comunicación previa de la acusación, el derecho a un defensor propio o por cuenta del Estado, el derecho a presentar testigos u otros medios de prueba al proceso, el derecho de no autoincriminación y a establecer recursos contra las decisiones que se adopten, conformando un entramado de garantías esenciales para una eficaz protección de los derechos de los procesados.
Resulta destacable la función encomendada a los órganos investigativos y la Fiscalía, dotándolos de los procedimientos y garantías requeridas para desarrollar una actividad independiente, funcional y ágil, con el propósito de que desarrollen una indagación multilateral, objetiva y consecuente que derive en una promoción responsable de la acción penal.
Samuel Rodiles, presidente del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
Santiago Lajes Choy, presidente de la Comisión de Industria, Construcciones y Energías del Parlamento.
Inés María Chapman, vice primera ministra de la República de Cuba.
Los diputados aprobaron por unanimidad tres nuevas leyes en la primera jornada del actual período ordinario de sesiones del Parlamento. Fotos: Abel Rojas Barallobre.
