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El proyecto de ley del Código Penal Militar —cuyo texto se encuentra público a disposición de la población— fue analizado ampliamente este lunes por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) como antesala a su presentación en el Primer Período Ordinario de Sesiones del Parlamento en su 10ma. Legislatura.
El miembro del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, asistió en la tarde de este lunes a los debates realizados entre los parlamentarios electos por municipios de La Habana y residentes en la capital. En la mañana se había desarrollado similar análisis, pero con los diputados del resto del país, mediante videoconferencia.
Según reportó el sitio web de la ANPP, tras una profunda explicación de las características de esta propuesta de disposición normativa, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), informó que durante el proceso legislativo se han emitido hasta la fecha más de 160 criterios, mientras que en el debate ocurrido en la mañana se formularon más de 30 intervenciones.
Explicó que el proceso de conformación del texto comenzó en noviembre de 2021 con la existencia de un grupo temporal de trabajo integrado por representantes del Tribunal Supremo Popular; la Fiscalía General de la República; la Fiscalía Militar Principal; los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Interior (Minint) y Justicia; la Organización Nacional de Bufetes Colectivos; y las universidades de La Habana y Militar de Ciencias Jurídicas.
Entre los aspectos principales de la propuesta, Remigio Ferro destacó que se desarrollan normativamente los preceptos de la Constitución de la República que impactan en la legislación sustantiva militar, entre ellos: la defensa del orden constitucional y socioeconómico, el fortalecimiento de la defensa, la seguridad nacional y el orden interior, el cumplimiento de la disciplina militar y el principio del mando único en los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Interior.
Además, se atempera, en lo que corresponde, al contenido de los tratados internacionales en vigor para la República de Cuba y logra uniformar la conceptualización y aplicación de principios generales del derecho penal reconocidos en el Código Penal, entre otros aspectos.
La diputada por el municipio de Mantua Yamila González Ferrer propuso revisar el contenido del proyecto con vista a que tenga un lenguaje más inclusivo y con enfoque de género. «A mí me parece que en este texto sería importante visibilizar a las mujeres. ¿En qué aspecto lo digo específicamente? Siempre se habla de “el jefe” o “un superior”. En un espacio como el militar que ha sido mayoritariamente masculino, considero importante visibilizar a las mujeres jefas».
Por su parte, Jorge Luis Aneiros Alonso, diputado por La Sierpe, planteó su sugerencia de revisar la cuantía de las multas ante las distintas figuras delictivas cometidas. Al respecto, Remigio Ferro aclaró que en este último caso se refiere a las cuotas, así como manifestó que en la sesión de trabajo de este lunes en la mañana, se subrayó la importancia de adecuar el marco sancionatorio estipulado en el texto con lo establecido en el Código Penal vigente.
«La propuesta del proyecto es muy abarcadora, muy profunda, se hizo con mucha profesionalidad y profundidad. Creo que es importante reconocer a la Comisión Redactora», consideró el diputado José Carlos Cruz Sandoval. Mientras, los parlamentarios Miguel Enrique Charbonet Martell y Ana Teresa Igarza Martínez, así como Yuliesky Amador Echevarría, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Artemisa, plantearon sugerencias de estilo al proyecto, tanto de redacción gramatical como de presentación de los contenidos.
La diputada Idaliena Díaz Casamayor, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Guantánamo, abordó algunas proposiciones en cuanto a temas relacionados con el Servicio Militar Activo, recogidos en la propuesta de disposición normativa. Otros diputados profundizaron en cuestiones como las sanciones, figuras delictivas y marcos regulatorios y sancionatorios en este texto.
Participaron también Ana María Mari Machado y Homero Acosta Álvarez, vicepresidenta y secretario de la Asamblea Nacional, respectivamente; Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia; el general de división José Antonio Carrillo Gómez, titular de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interior del Parlamento; y otros representantes de la Fiscalía General de la República y del Tribunal Supremo Popular.
