27
La Resolución 92/2023 es muy oportuna porque unifica una dispersión legislativa existente en cinco instrumentos legales, algunos de los cuales necesitaban actualizarse con relación al panorama mundial actual y además propicia la implementación de varios convenios internacionales de los que Cuba es parte en materia de diversidad biológica.
Destacó así Viana Barceló Pérez, especialista de Bioseguridad y Biodiversidad de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental, quien
además instó a debatir sobre estos temas importantes en el contexto global de hoy.
«La industria de la cosmética y la farmacéutica explotan los recursos naturales y obtienen ganancias a partir del uso de la biodiversidad de países como Cuba, donde es muy rica y donde no existen las condiciones necesarias para fomentar esta actividad económica.
«Cuba es parte del Protocolo de Nagoya desde 2015, y como acuerdo internacional enmarcado en el Convenio de Diversidad Biológica, no estaba realmente implementado en el país y esta resolución, entre lo novedoso que trae, es la puesta en vigor de este instrumento internacional.
«Esta norma obliga al que haga uso de los recursos genéticos a distribuir los beneficios, no solo con el país de origen sino incluso con las comunidades de donde se extrajeron”, explicó.
Barceló Pérez enfatizó en el carácter protector de esta resolución, «en tanto vela por la supervivencia de las especies que se encuentran
amenazadas, el control de los recursos genéticos y la protección de algunos ecosistemas por riesgos biológicos, ya sea por la
introducción de especies exóticas, liberaciones de organismos genéticamente modificados o el uso de agentes biológicos nocivos para
la raza humana, los animales y las plantas».
Barceló Pérez insistió en que la nueva normativa no es prohibitiva sino que ofrece el correcto actuar para la obtención de las autorizaciones pertinentes ante la explotación de recursos genéticos y algunas especies.
«Se trata de hacerlo de manera sostenible, legal y que no amenace la supervivencia de los organismos, que los riesgos biológicos estén controlados y no causen daños a los ecosistemas ni a la salud del hombre, los animales y las plantas».
