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La norma jurídica ofrece una mirada multisectorial y transectorial hacia grupos etarios diversos, entre ellos, los más jóvenes. Autor: Archivo de JR Publicado: 08/12/2025 | 11:24 pm
Con 27 067 asuntos judiciales vinculados a los derechos de la niñez y la familia, atendidos en lo que va de año, el Código de las Familias —ya con tres años de vigencia— demuestra ser vida latente en los tribunales cubanos, trascendiendo el texto normativo para materializarse en soluciones concretas que protegen a las personas en su diversidad.
Así lo expusieron este lunes magistrados del Tribunal Supremo Popular (TSP) durante una conferencia de prensa convocada en el marco de la jornada nacional por los Derechos Humanos, donde se presentó un balance detallado del comportamiento de los procesos familiares durante 2025.
Del total de casos atendidos en el año, la gran mayoría (21 322 casos, un 78,7 por ciento) corresponden a divorcios. Sin embargo, a decir de la magistrada de la sala Civil, Familiar y Administrativa del TSP, Maryla Anna Pérez Bernal, «el divorcio en la nueva legislación ya no se limita a la disolución del vínculo, se ha convertido en un mecanismo de protección integral a la familia tras la ruptura».
Aproximadamente el 40 por ciento de estos casos involucran a hijos menores, lo que ha generado un total de 1 358 procesos de alimentos (obligación de sustento) y 1 134 sobre guarda, custodia y comunicación de menores. De estos últimos, 248 fueron iniciados por abuelos, figura que el Código fortalece en sus derechos.
Los magistrados se refirieron a dos instituciones transformadoras introducidas por el Código que ya muestran su aplicación práctica, aunque con distintos niveles de demanda: la compensación económica, que busca resarcir al cónyuge que, durante el matrimonio, sacrificó su desarrollo profesional y personal para dedicarse al trabajo doméstico y al cuidado de la familia; y la vivienda familiar, que busca evitar que un cónyuge quede desprotegido tras la ruptura.
Si bien su volumen de casos no es masivo, la Sala Civil, Familiar y Administrativa ha ido configurando los criterios para su aplicación, analizando factores como la edad, la calificación profesional y las oportunidades perdidas, aclaró Yomays Olivarez Gaínza, presidente de la propia Sala.
En referencia a los procesos por violencia en el ámbito familiar. El magistrado Olivarez Gaínza reconoció que, si bien la radicación ha sido baja, son los asuntos que más ocupación e información han generado por su complejidad y la necesidad de un tratamiento urgente y acertado. «No solo son nuevos contenidos jurídicos, sino que implican una transformación actitudinal, porque acarrean un componente cultural», señaló. Se destacó que el concepto de «desigualdad jerárquica» dentro de la familia, plasmado en la ley, es clave para investigar y comprender el origen de las situaciones de violencia.
La Instrucción 285 del 26 de octubre de 2023 del Consejo de Gobierno del TSP ha sido fundamental para uniformar una práctica que exige interdisciplinariedad. En estos procesos es vital el trabajo en equipo con sicólogos, trabajadores sociales y expertos, coordinados frecuentemente con la Federación de Mujeres Cubanas y las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia.
«La urgencia y el acierto son el mayor reto», admitió Olivarez Gaínza. Los tribunales han ido desarrollando habilidades para identificar situaciones de violencia incluso en procesos que no fueron iniciados con esa denuncia, y actuar de oficio para proteger, sobre todo, a los miembros más vulnerables, mujeres, niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad.
El presidente del TSP, Rubén Remigio Ferro, destacó que el sistema judicial es uno de los soportes principales para la vigencia del Código, el cual contiene más de 60 instituciones y destacó el compromiso de jueces y juezas con una aplicación seria de la norma, apoyada en instrumentos como la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género en el Escenario Familiar y el Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer.
