«Cada acto de agresión del Gobierno de Estados Unidos como las medidas anunciadas este 23 de julio por el Secretario de Estado, demuestra que el objetivo es imponer un castigo colectivo contra todo el pueblo cubano», aseguró este jueves el miembro del Buró Político Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, desde su cuenta en la red social X.
Esta vez las medidas van dirigidas a nueve entidades y dos funcionarios. Así, con el argumento de limitar el acceso del Gobierno cubano a fondos que considera «ilícitos», el Departamento de Estado incluyó en su lista, en el sector energético, al Centro de Investigaciones del Petróleo S.A. (Ceinpet), la Empresa de Energía S.A. (Enersa) y Einarbo S.A.
En ese ámbito de la cooperación médica cubana en el exterior están la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC); a la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM); a la directora de esa entidad, Gretza Sánchez Padrón; y al ministro de Salud Pública de Cuba, José Angel Portal Miranda.
En aplicación de la Orden Ejecutiva 14404, Washington también incorporó de manera unilateral a la Terminal de Contenedores de Mariel S.A., Coral Marítima S.A., Ceiba Investments Limited y Orbit S.A. Al respecto, el Canciller reiteró «que a pesar de que el Gobierno estadounidense continúa negando la existencia del cerco económico contra Cuba, le resulta cada vez más difícil esconder sus intenciones genocidas y el ánimo de provocar una crisis humanitaria.
«El ataque contra la cooperación médica cubana equivale a una agresión contra el derecho humano al acceso a servicios de salud para cientos de miles de personas en muchas partes del mundo. Castigan a Cuba por prestar un servicio humano y solidario que ha sido reconocido por la comunidad internacional», apuntó.
Finalmente, Rodríguez Parrilla significó que «lo hace el Gobierno del país más rico del mundo, empeñado en negar dicho derecho humano elemental a decenas de millones de sus propios ciudadanos».
Según la información oficial, como resultado de estas nuevas medidas, todos los bienes e intereses de las personas y entidades señaladas que se encuentren en Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deberán ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Asimismo, quedan prohibidas las transacciones de personas estadounidenses con esas entidades y personas naturales, salvo autorización específica de la OFAC.
Como parte del alcance extraterritorial de estas medidas, el Departamento de Estado advirtió que personas o instituciones extranjeras que mantengan relaciones comerciales con los mismos o con empresas que operen en los sectores energético, financiero, de defensa, minería, metales o seguridad de la economía cubana también podrían quedar expuestas a sanciones.
