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LA PAZ.— El presidente Evo Morales convocó a los prefectos de todo el país a reunirse el próximo lunes para reiniciar el diálogo, en tanto la Corte Nacional Electoral (CNE) reiteró el carácter ilegal de las resoluciones emitidas por las prefecturas de Pando y Tarija para convocar a referendos autonómicos, así como el principio de constitucionalidad bajo el cual revocó dichas resoluciones.
El presidente de la CNE reiteró la ilegalidad de los referendos de la Media Luna. Foto: ABI El presidente del máximo órgano electoral, José Luis Exeni, dijo que la medida se aprobó «en estricto cumplimiento del principio de legalidad», y con apego a la Constitución, el Código Electoral y la normativa vigente de la CNE, principios bajo los cuales el CNE revocó antes similares resoluciones de la Corte Departamental de Santa Cruz y de la de Beni.
El titular remarcó que no existen leyes de convocatoria incuestionable ni emergente del Congreso Nacional que justifiquen que otras fuerzas puedan administrar referéndum ni a nivel nacional ni departamental.
En tanto, Morales realizó su nuevo llamado a una reunión para hablar de todos los temas necesarios, especialmente, el referido a las autonomías, señaló ABI.
En rueda de prensa, el vicepresidente Álvaro García Linera expresó su esperanza de que los prefectos, en especial los de oposición, acudan al llamado.
El complicado panorama político boliviano fue aderezado con un ingrediente más cuando se reportó, también este jueves, la ratificación en el Senado de una ley para la realización de un referendo revocatorio que permitiría poner a la consideración ciudadana tanto la presidencia y la vicepresidencia, como cada una de las prefecturas.
La votación del proyecto de ley, dijeron ANSA y otras fuentes, se suscitó de modo sorpresivo a pesar de que el proyecto fue propuesto por el propio jefe de Estado y aprobada por la Cámara de Diputados el 24 de enero, recordó ABI.
Otros despachos dijeron que senadores del gubernamental MAS consideraron que la votación se daba en un momento inoportuno pero votaron a favor, pues alegaron que las fuerzas del gobierno no temen al encuentro con las urnas.
Según ANSA, cuando el Senado envíe el proyecto al Gobierno, le corresponderá al Presidente decidir en un plazo de diez días si veta o promulga la ley; en el segundo caso el referéndum se realizará 90 días después.
