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ASUNCIÓN, abril 1.— El Gobierno de Paraguay objetó este lunes un informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el que se señalan las irregularidades en el proceso judicial abierto por un enfrentamiento entre campesinos y policías que devino en la destitución de Fernando Lugo como presidente en junio pasado.
La Cancillería dijo en un comunicado que la Fiscalía y el Poder Judicial de Paraguay garantizan una investigación imparcial e independiente de los sucesos de Curuguaty, «observándose todas las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio».
Aseguró, además, que Paraguay ha ofrecido al Comité cualquier información que requiera sobre el caso y añadió que «si necesario fuere, la invitación abierta y permanente a los mecanismos de supervisión está vigente, siendo esta una opción para verificar in situ lo alegado por el Estado», reportó EFE.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, en su informe del pasado 28 de marzo, expresó su preocupación por las denuncias de «importantes irregularidades» en el accionar de los órganos jurídicos paraguayos en el caso de la matanza registrada en una hacienda de Curuguaty (nordeste), el pasado 15 de junio donde once campesinos y seis policías murieron en un tiroteo durante una operación policial de desalojo de unas tierras disputadas entre el Estado y un rico empresario paraguayo.
Catorce campesinos han sido imputados por la Fiscalía por los delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble, en un proceso que está por comenzar en tribunales.
El Comité de la ONU indicó al Estado paraguayo una «investigación inmediata e imparcial» de aquellas muertes, así como de otros hechos denunciados por las víctimas, «en particular torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y posibles violaciones del debido proceso».
En el texto, el Comité se pronunció también sobre el juicio político en el Legislativo en el presidente Fernando Lugo fue destituido, una semana después de los sucesos de Curuguaty.
El ente expresó al respecto su preocupación por «las modalidades del proceso de destitución», y en particular los plazos concedidos a Lugo para preparar y presentar su defensa, en un proceso que se completó en apenas 30 horas.
Además sugirió una reglamentación del artículo de la Constitución paraguaya que recoge la figura del juicio político para garantizar que el proceso de destitución siempre se lleve a cabo con plena conformidad con los principios básicos del debido proceso y los principios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos garantes del funcionamiento de una democracia.
Lugo amparado en el informe, reiteró este lunes su pedido de investigación imparcial de la matanza que propició su destitución. «La ONU nos da la razón a las sospechas de irregularidades en el Ministerio Público, la Judicatura y las fuerzas de seguridad», aseguró el ex presidente Lugo en rueda de prensa junto al candidato presidencial Aníbal Carrillo, del izquierdista Frente Guasú.
Lugo reiteró su pedido de separación del caso del fiscal encargado, por su «parcialidad manifiesta», y la creación de una comisión «independiente e imparcial» para investigar aquellos hechos, como la que él mismo había anunciado en la víspera del juicio político que desembocó en su destitución.
Insistió en que se debe «dar inicio a una nueva línea de investigación, como dice la ONU», atendiendo «a que hay serias sospechas de que existieron cúpulas políticas involucradas en el crimen político de Curuguaty y el golpe de Estado posterior».
Lugo pidió que se investigue a todos y mencionó, entre otros nombres, los de los dos principales candidatos a la Presidencia en las elecciones del próximo día 21, el colorado Horacio Cartes y el liberal Efraín Alegre.
