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QUITO, agosto 2.— Un tribunal de Ecuador declaró culpables a seis policías imputados de tentativa de magnicidio durante la revuelta de agentes ocurrida el 30 de septiembre de 2010, un intento de golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa.
El Tribunal Séptimo de Garantías Penales de la provincia de Pichincha (cuya capital es Quito) declaró como autores del delito a cuatro de los agentes, mientras que a otros dos los señaló como coautores.
La corte no precisó, en la sentencia emitida el viernes, los años de condena para los procesados, aunque la normativa establece penas de entre ocho y 12 años de cárcel, dijo EFE.
En el proceso se presentaron testimonios de 51 personas, además de fotografías y videos de reporteros gráficos que cubrieron los acontecimientos, según informó el periódico El Telégrafo en su versión de Internet.
El fiscal de la causa, Gustavo Benítez, tras conocer la resolución de los magistrados, indicó que la decisión se sustentó debidamente con «pruebas sólidas» como los videos proporcionados por varios medios de comunicación.
El 30 de septiembre de 2010, una protesta salarial de policías derivó en un alzamiento de proporciones en el que el presidente Correa fue agredido y retenido en el hospital de la institución del orden.
El mandatario, que había acudido al lugar de la protesta para hablar con los agentes sobre sus inquietudes salariales, fue rescatado en una operación militar desarrollada esa noche en medio de un intenso tiroteo.
PL reportó que durante la audiencia celebrada en el séptimo tribunal de Garantías penales de la provincia de Pichincha, la Fiscalía acusó a los uniformados de disparar contra el auto en que viajaba el Jefe de Estado al ser rescatado, tras permanecer varias horas retenido en un hospital en contra de su voluntad.
En el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010 y la revuelta policial que pretendió acabar por la fuerza con el Gobierno de Correa, los hechos provocaron la muerte de diez personas y unos 300 heridos entre militares, policías y civiles.
Hasta el momento, más de cien personas han sido sentenciadas por su participación en las acciones, en tanto unas 400 están en proceso, agregó PL.
Recientemente, una comisión que investigó los hechos concluyó que estos fueron planeados desde dentro y fuera del país con el propósito de generar un estado de desestabilización que llevara al colapso a la Revolución Ciudadana liderada por Correa.
