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Argentina gana votación en la ONU contra fondos buitre

Valió la pena luchar por ello, afirmó la presidenta Cristina Fernández al referirse a la aprobación por 136 votos a favor, seis en contra y 41 abstenciones, de una resolución contra los fondos especulativos

Autor:

Juventud Rebelde

BUENOS AIRES, septiembre 11.— La Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución contentiva de nueve principios que tienen por objetivo dar viabilidad a los procesos de reestructuración de deuda soberana encarados por países en crisis.

La iniciativa, impulsada por Argentina para frenar el accionar de los fondos buitre, se aprobó con 136 votos a favor, seis en contra y 41 abstenciones, reportan agencias de prensa.

Valió la pena luchar por ello, manifestó la presidenta Cristina Fernández en una alocución en cadena nacional.

«Muchas veces los Gobiernos tienen como obligación principal responder a las necesidades de su pueblo, pero en esta oportunidad Argentina no solamente ejerció su responsabilidad con los compatriotas sino también su responsabilidad solidaria con el resto de los pueblos», aseguró.

El ministro argentino de Economía, Axel Kicillof, quien compartió con la dignataria por videoconferencia desde Nueva York, resaltó como una verdadera victoria para Argentina el principio de reestructuración por mayoría.

«Si una mayoría resuelve algo, no puede ninguna minoría obstaculizar, boicotear o sabotear una resolución», aclaró el funcionario.

Consideró, además, que su aprobación no solo favorece indudablemente a su nación, sino también a los países desarrollados que están atravesando el proceso de crisis actual.

El texto establece el derecho de cualquier estado a «elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de la deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas».

También insiste en la necesidad de renegociar la deuda «de buena fe» y por medio de negociaciones constructivas de reestructuración y que observen criterios de transparencia e imparcialidad.

Asimismo, plantea, que los Estados deben abstenerse de «discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho».

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