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Puerta abierta a represores y genocidas en Argentina

Organizaciones sociales y de derechos humanos se movilizan contra fallo de la Corte Suprema que beneficia a los asesinos y secuestradores de la dictadura militar

 

Autor:

Juventud Rebelde

BUENOS AIRES, mayo 5.— En medio de la lluvia de críticas y rechazos, diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos llamaron a los argentinos a sumarse a una protesta contra la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia que beneficia a represores de la dictadura militar (1976-1983).

Hace dos días el Máximo Tribunal declaró aplicable la ley 24.390, conocida como 2x1, que reduce el cómputo de prisión a personas con delitos de lesa humanidad, cuyo fallo causó fuerte impacto entre referentes de derechos humanos y familiares de víctimas de la dictadura.

Convocamos a un acto contra este nuevo intento de garantizar la impunidad a los genocidas, el próximo miércoles 10 de mayo a las 18:00 hora local frente al Palacio de Justicia. Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en Argentina, porque lo que no se juzga y condena, se repite, subraya el comunicado.

El texto está firmado por varias organizaciones, entre ellas las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), reportó PL.

«Nunca más» ha sido la frase repetida una y otra vez en las redes sociales para rechazar de manera unánime la decisión adoptada por los jueces Elena Highton, Horacio Rosenkrantz y Carlos Rosatti, votada en contra por los magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

La sentencia fue dictada en el caso de Luis Muiña, quien en 2013 fue condenado a 13 años de cárcel por ser «coautor del delito de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos» en cinco causas.

Ya son cinco los genocidas que pidieron el beneficio del 2x1: el coronel retirado Héctor Salvador Giribone, condenado por robo de bebés; el obstetra de la ESMA Jorge Luis Magnacco, que también cumple condena por la apropiación de los niños nacidos en cautiverio; Alejandro Lazo, condenado por torturas, y el ex prefecto Juan Antonio Azic, apropiador de la actual diputada Victoria Donda, se sumaron a Muiña, informó el diario Página 12.

«Estamos en un país de trastornados», apuntó en sus primeras declaraciones a la prensa la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. «Nos están destruyendo en esta gestión de Gobierno, no solamente en la economía, sino en la parte moral y en la conciencia cívica que hemos tomado en los últimos tiempos para defender lo que hay que defender», dijo tras convocar a una rueda de prensa el pasado miércoles, dijo Prensa Latina.

La indignación crece desde la decisión y el jueves, las Madres de Plaza de mayo de 2017hicieron una sentada frente al Episcopado como acción de repudio y resistencia, dijo el diario Página 12.

«Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, 1000 años de prisión para los genocidas», rezaba la bandera que la Asociación de Madres de Plaza de Mayo colgó de la reja de la sede de la Conferencia Episcopal Argentina, en rechazo al llamado a «reconciliación» que la cúpula de la Iglesia Católica argentina impulsa entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado, agregó el diario.

Luego, en conferencia de prensa, las Madres pidieron el juicio político de los jueces del Máximo Tribunal que, con su voto mayoritario, beneficiaron al represor Luis Muiña. Por la tarde, los organismos de derechos humanos en conjunto anunciaron la convocatoria al acto del próximo miércoles 10 de mayo.

Por su parte, los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocaron a una marcha de Congreso a Plaza de Mayo el jueves 11 a las 17, para que «todo el país convierta ese día en una jornada nacional contra la impunidad y la represión».

En tanto, las rondas de las Madres en Mar del Plata y en Rosario del jueves fueron masivas para repudiar el «indulto encubierto» que significa el fallo de la Corte para centenares de represores, apuntó Página 12.

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