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Nuevos escollos se erigen ante los esfuerzos de los chilenos movilizados en 2019 por demandas que confluyeron en la exigencia de una nueva Constitución, reclamo que en octubre de 2020 fue aprobado en plebiscito por el 72 por ciento de los votantes. Aquel resultó un pronunciamiento contundente expresado, además, en una alta participación que fue considerada por el Servicio Electoral como la mayor en la historia de las votaciones en el país.
Pero ese deseo de una nueva Carta Magna que borre, finalmente, la herencia pinochetista plasmada en la que el dictador hizo aprobar en 1980, vigente hasta hoy, no llegó a buen puerto el año pasado. El proyecto que emanó de los trabajos de una Asamblea Constituyente cuyos miembros, electos en comicios, eran mayormente independientes y de izquierda, naufragó en otra consulta popular.
Entonces, en lo que pudo resultar un resultado ininteligible, el texto fue rechazado por el 62 por ciento del electorado luego de una campaña breve y quizá no lo suficientemente explícita en torno a sus postulados, frente a la agresividad de una propaganda mentirosa que buscaba la desaprobación, y que tal vez dejó asomar a sectores ultraderechistas que, como se vio después, en el entorno de los 50 años del golpe, intentan borrar los horrores causados por Pinochet, y negar el pasado.
El presidente Gabriel Boric, quien asumió con el mandato de encarrilar el proceso aprobado durante el gobierno del derechista Sebastián Piñera bajo la presión de las manifestaciones, no se dio por vencido y convocó a nuevos trámites en busca de otra ley de leyes, luego de estimar que en aquella oportunidad, todos los sectores no habían sido «escuchados» a la hora de redactar el texto.
Pero he aquí que la historia pudiera repetirse, en sentido contrario. La Comisión Constitucional electa en mayo y encargada de redactar otra propuesta, tiene mayoría de asientos en manos del ultraderechista Partido Republicano que lidera el expresidenciable José Antonio Kast, y el proyecto que elabora recibe ya el rechazo de sectores populares y gremiales, según se conocen detalles de un texto que se denuncia hecho a su imagen y semejanza, y deberá estar lista en unas horas, el 7 de octubre. Entonces debe volver a la Comisión de Expertos que elaboró un primer borrador dejado luego en manos de los constitucionalistas.
No se trata solo de las encuestas, no siempre certeras, que auguran un rechazo de hasta el 59 por ciento de la población cuando la propuesta sea sometida, finalmente, a otro plebiscito planificado para diciembre.
Hace unos días, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se manifestó con el respaldo de otros sectores para advertir que los derechos laborales y sociales están en peligro, y que no aceptarían un proyecto de la extrema derecha con el respaldo de la exgobernante Chile Vamos que representaría, dijeron, un retroceso.
Los trascendidos de los debates en torno al texto dejan ver que la Comisión Constitucional ha aprobado acápites que podrían significar una Carta Magna incluso más reaccionaria que la actual, la que, pese a todo, ya ha sido objeto de algunas reformas.
Se afirma que la propuesta restringe el derecho de huelga y los derechos de los sindicatos y otras organizaciones gremiales, en tanto se cercena el derecho al aborto que, limitado a ciertas circunstancias, fue aprobado apenas en 2017.
Pero eso no sería lo único peligroso para una sociedad «tallada» a sangre y fuego después del golpe de Estado de 1973 como vitrina neoliberal, y donde los de abajo aspiran a soltar esos lastres.
Según ha trascendido, también se elevaría a rango constitucional la privatización de la salud, la educación y la administración de los fondos de pensiones, que ha sido motivo de reiteradas protestas de los jubilados en los años recientes.
El panorama hace pensar en un fracaso de este proceso, cuando no se sabe a ciencia cierta si la elaboración de otra Carta Magna para Chile tendría, de momento, otra oportunidad.
