Una televisora española da unos minutos en pantalla a María José, una joven recientemente desempleada que vive el mismo drama de unos cuantos de sus coterráneos: al quedar en la calle, ella, único sostén de su familia, no pudo seguir pagando la hipoteca de su vivienda y el banco se la confiscó.
Doblemente a merced de un futuro incierto, la muchacha y sus parientes fueron a parar a un local con apenas las mínimas condiciones, que una ONG les proveyó. Pero su pesadilla no cesa: el banco le exige el pago de la diferencia del precio de la casa, pues antes, cuando le extendió el crédito, valía «mucho más» que ahora, y no se conforma con la vivienda.
Así, María José, sin trabajo y sin casa, puede estar segura de que, a dondequiera que vaya, dondequiera que consiga un nuevo empleo, la perseguirá el largo brazo del banco, que se quedará con el dinero que eventualmente gane. Es casi una condena de por vida.
Si nos enteramos de que pasan de 290 000 las viviendas embargadas desde 2008 (momento en que la crisis económica empezó a arreciar en España), podemos multiplicar por tres o cuatro ese número (las familias pueden ser de dos a cuatro individuos), y tendremos una cifra aproximada de personas con ganas de que la tierra se trague a los bancos y a los banqueros, que no se contentan sino con ver bien exprimido al que se ha quedado sin nada.
Por fortuna, en la norteña Navarra un tribunal decidió días atrás que esa actuación de los bancos es «moralmente rechazable», y en respuesta a la demanda de un ciudadano que había sido dejado «en la calle y sin llavín», decidió que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) tenía que contentarse con el inmueble, que ya era bastante.
Es el caso de José Antonio Langarita. El BBVA le prestó unos 71 000 euros para adquirir su vivienda, pero un día él no pudo pagar más. El apartamento fue subastado, ¡y el propio BBVA lo compró por unos 42 000! Por tanto, el hombre tenía que pagarle al banco unos 30 000 euros, más 8 000 de intereses. ¡Si no es para cortarse las venas…!
Bueno, pues Pepe Antonio no se cortó nada. Lo que hizo fue demandar al BBVA y ganar la batalla. El tribunal, al darle la razón, explicó que el propio banco, antes de otorgarle el crédito, había tasado la casa en casi 76 000 euros, lo que superaba el monto de lo prestado. ¿Y ahora viene el BBVA a decir que la casa cuesta menos? ¡Pues que se quede con ella y espere mejores tiempos!
Las asociaciones de consumidores y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han aplaudido el fallo, pues supone la defensa del ciudadano en un país que, gracias a la especulación inmobiliaria, tiene al día de hoy un excedente de 700 000 casas vacías, ¡y los alquileres e hipotecas por los cielos, incomprensiblemente!
El BBVA ha anunciado que apelará la sentencia —otros bancos ya amenazan con que el crédito se pondrá como la caña: «a tres trozos»—, en razón de que la ley hipotecaria lo ampara, pero a la hora de la verdad, si el Tribunal Supremo determina que la expulsión del inquilino (que bastante desgracia tiene) es suficiente, pues muchísimos españoles, atorados por la crisis y el elevado nivel de desempleo, se lo agradecerán.
Ello sentaría precedente y supondría un muro de contención a quienes se han pasado décadas llenando sus arcas con los apuros de la gente común, que se las vería aun más negras si no fuera porque, como me explica un colega español, en el país ibérico «la familia “funciona” más o menos bien; muchos de los que se han quedado en paro, subsisten gracias a la ayuda de sus padres, hermanos, etc.». Y así sucede también con aquellos que cierran por última vez la puerta y regresan a casa de papá y mamá.
Sin duda alguna, si el Supremo da por bueno el derechazo propinado en Navarra, será toda España la que ganará el torneo…
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