Aquella legendaria frase, con el cuño de la tribuna de la calle, de que el dinero de sus artimañas les sobraba para pagar las menguadas multas que les imponían se fue tumbando, confirmación de como en la vida todo llega sin necesidad de desesperarse.
Los acostumbrados a cebarse a costa del consumidor, ni cortos ni perezosos, apelan ahora a que deben cuidarse muchísimo, expresión inequívoca de sus intenciones de persistir en lo que ha sido su mina de oro: el engaño al cliente o comercializar por la izquierda.
Cambiar la mentalidad hasta de la gente dedicada a las marañas doradas lleva tiempo, aunque en este caso se les va ayudar a pasar a la corrección con las altas multas y medidas complementarias que deben aplicarles las administraciones.
Nadie se imagine que están amedrentados, tampoco le pidamos peras al olmo, más bien siguen arriesgándose y con la esperanza puesta en que, como otras veces, baje la marea del control. Si los sorprenden con las manos en la masa sueltan un farsante lloriqueo de mansos para que no los lleven a rajatabla.
Sabemos lo propensos que son muchos a la hora de aplicar la benevolencia y después el infractor se regocija con que le metió una muela, ¡en eso tenemos el uno hasta en el más allá!, y se fue por la puerta ancha.
De que siguen en sus trajines lo demuestran los órganos inspectores, a pesar de la reciente aplicación del Decreto 30 de 2021 del Consejo de Ministros sobre las violaciones de precios y tarifas.
Lo preocupante, más allá de las multas impuestas en Villa Clara que superan las 400 a partir de febrero, es que sean los órganos de inspectores de fuera de las unidades de prestación de servicios los que descubran las violaciones.
De hecho, esa circunstancia demuestra fallas en el control primario, porque les corresponde por plantilla a los responsables de los establecimientos y sus aparatos de control evitar las infracciones o que se les esfumen entre las manos. ¿Incapacidad o…?
Peor todavía resulta que tampoco aplican con rigor las medidas complementarias a las multas que sugieren los órganos inspectores. Muchas veces prefieren una simple amonestación.
En ese mosaico de marañas, de diversos tipos, las más recurrentes detectadas son el añejísimo engaño al consumidor, es decir, trampas en el pesaje y cobrar más de lo establecido, que ahora resultan penados hasta con más de 5 000 pesos.
La parada se les ha subido, para bien y con razón, a estos trasgresores de las normas del comercio para llenarse el bolsillo de dinero a costa del consumidor. Y recordar que, con desfachatez, ellos popularizaron la frase «lo del Estado primero» para connotar que se le entrega a la administración el importe ¿exacto? de las ventas o servicios.
Corresponde ahora a determinadas administraciones cambiar la mentalidad, despojarse de ojos nublados y para estar a la altura del momento, dejar atrás la tripleta de no evitar los tablazos, tampoco descubrirlos y ser benévola. «¡Esos deslices» resultan demasiado! ¿Alguien lo duda?
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