La amplia discusión de esta Ley de Comunicación Social, en coherencia con los propios preceptos que defiende, ha constituido, sin duda, un importante suceso de transparencia comunicacional. La comisión redactora mostró en todo momento oído receptivo, cultura del diálogo, promovió el debate, no rehuyó la polémica y facilitó una necesaria y constante retroalimentación.
Posiblemente sea esta una de las pocas leyes— si no la única— en la historia del Parlamento, que en su elaboración y propuesta final cuenta con los valiosos aportes de diputados de dos legislaturas. Y no solo de los miembros de la Asamblea Nacional, sino también de analistas, líderes de opinión, activistas de las redes sociales digitales, delegados de circunscripción, representantes de distintas organizaciones, etc.
Y es que no se trata de una norma gremial, circunscrita a los intereses o demandas de un grupo o conjunto de personas. Es una ley de todos y para el bien de todos, porque transversaliza distintos procesos sociales y coloca en su centro al ciudadano.
De ahí que actúe en esos tres ámbitos: el organizacional, el mediático y el comunitario.
Aunque no constituye una ley de prensa, ni una ley de medios, la prensa y los medios sí tienen un gran respaldo en la ley. Con su implementación alcanzará un mayor impulso la transformación de la gestión editorial y económica de nuestras organizaciones mediáticas y habrá más posibilidades de sostener su desarrollo y fomentar su modernización, como se indica en los documentos aprobados por el 8vo. Congreso del Partido.
En el ámbito mediático, por ejemplo, se establece que los periodistas podremos denunciar aquellos actos de personas que obstaculicen el acceso a la información, a la vez que tenemos el deber de informar con inmediatez, coherencia y precisión. Queda explícita, además, la responsabilidad de los directivos en el cumplimiento de la política editorial y la participación ciudadana en la gestión de los contenidos.
En los otros dos ámbitos se refrendan principios, deberes y derechos, que convierten este documento en un texto de largo alcance, superior a las propuestas anteriores. Particular interés cobra lo que se plantea sobre la comunicación política, la comunicación de crisis y en el ciberespacio, así como lo relacionado con la publicidad y el patrocinio, que no entran en contradicción con nuestros valores.
Con esta ley se le brinda sustento jurídico al único pilar de la gestión del Gobierno que no lo tenía. Ya la transformación digital y la ciencia y la innovación cuentan con importantes instrumentos legales que han permitido su despliegue. De ahí la necesidad de que la comunicación también los tenga.
Aplaudo esta entrega, y los invito a respaldar la norma, que contribuye a afianzar la ideología socialista, en medio del escenario de guerra no convencional que se nos hace. Pero mi exhortación va más allá. Cuando levantemos la mano y aprobemos la ley, no pensemos que alcanzamos el fin. Pensemos en Fidel, el comunicador mayor, y hagamos todos, a partir de entonces, una mejor comunicación social.
(*) Intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular durante el debate de la Ley de Comunicación Social
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