En el vasto —y a menudo salvaje— ecosistema digital, donde lo importante es atraer atención a cualquier precio, la Administración del Ciberespacio de China ha establecido una normativa que reconfigurará el sistema de trabajo de los creadores de contenido.
Según explicaron, «cualquier usuario que desee pronunciarse en línea sobre materias consideradas sensibles como medicina, derecho, educación o finanzas, deberá demostrar su competencia mediante acreditaciones digitales o títulos verificables».
Asimismo, queda esclarecido que «la disposición incorpora algoritmos entrenados para detectar material sexualizado encubierto como educación, prohibiciones de publicidad sanitaria no autorizada y transparencia total respecto a dramatizaciones o el uso de la inteligencia artificial (IA)».
China se ha convertido en pionera de la seguridad en el ciberespacio con esta noticia, y ha agitado las aguas del debate en torno a una interrogante: ¿dónde debe estar la línea entre la libertad de expresión y la protección de los ciudadanos frente a la desinformación?
A primera vista, la medida parece una dosis de sentido común largamente esperada. ¿Acaso no resulta lógico e incluso reconfortante que quienes recomienden tratamientos médicos, planes de inversión o asesoría sobre algún proceso legal demuestren estar cualificados para ello, como lo harían en el plano físico?
Teniendo en cuenta que, según datos de las autoridades chinas, «más del 92 por ciento de los 1,07 mil millones de usuarios de video corto en China consumen información médica en línea»; permitir que un gurú sin información arriesgue la salud o el patrimonio de millones en nombre de la libertad de expresión, más que progresismo, es una temeridad.
Por estos días, las redes sociales están inundadas de publicidad encubierta, de consejos de inversión milagrosos que llevan a la ruina, y de dietas o remedios naturales que pueden agravar una enfermedad. Exigir transparencia, respecto a la acreditación del divulgador, es empoderar al usuario con información crítica para discernir entre el conocimiento y el embuste.
En este eterno dilema, China ha elegido de manera contundente priorizar la seguridad en su ecosistema digital, con verificaciones, prohibición de IA no etiquetada y sanciones drásticas, en una apuesta por un internet ordenado, certificado y, en teoría, más seguro.
Pero la batalla contra la desinformación no se gana solo con decretos. La educación crítica de los ciudadanos, su capacidad para cuestionar y verificar, sigue siendo la solución óptima.
Mientras tanto, los resultados que devengan de este decreto chino serán sujetos a análisis para comprobar si es posible limpiar de seudociencia los temas más sensibles, sin aplastar en el intento la diversidad y vitalidad del debate en la red.
En este pulso entre credenciales y charlatanes, entre control y caos, quizá la solución no esté en los extremos, sino en amplificar la voz de quienes tienen créditos, sin silenciar la de aquellos cuya experiencia han aportado un caudal de conocimiento igualmente demostrable. La respuesta no es sencilla, pero la salud y seguridad de millones de personas lo ameritan.
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