Los sindicatos y, en general, todos los que se oponen en Argentina a la llamada Ley de Modernización Laboral, pues consideran que vulnera sus derechos, han sufrido un retroceso en la defensa de aquellas garantías.
La también conocida como reforma laboral fue impuesta por decreto presidencial, pero estaba en suspenso la aplicación de más de 80 de sus artículos, de acuerdo con la resolución de un juez que, en primera instancia, había tomado en consideración los planteamientos de la Confederación General del Trabajo (CGT) y halló «con lugar» sus demandas, por lo que falló poniendo en suspenso la implementación de parte de la legislación.
Pero este jueves, la Cámara de Apelaciones atendió la demanda interpuesta por el ejecutivo en contra de la suspensión y la dejó sin efecto, en tanto se analiza «a fondo» el debate en torno a la ley.
Ello significa que, mientras se dirime el asunto, la clase trabajadora argentina, agobiada ya por la casi extinción de los programas sociales y por las plazas laborales recortadas en el afán del gubernamental partido La Libertad Avanza de «aligerar» los gastos del Estado y su propia estructura, deberán sufrir cambios que rechazan en el régimen de horas extra, lo que se traducirá en una precarización de los contratos de trabajo; el fraccionamiento de sus vacaciones, y los nuevos criterios que se aplicarán para el otorgamiento de indemnizaciones, a la par que se anuncia la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que sustituiría el programa para esos pagos vigente hasta el momento, con lo que se estima que dichas erogaciones, bajarán sustancialmente.
Esas son algunas entre otras imposiciones contenidas en la legislación que les perjudican, según denuncian.
Medidas de corte tan antipopular en Argentina están a la orden del día, pues han sido el sino de la ejecutoria de casi dos años y medio de gobierno de Javier Milei, con la aplicación de un programa de recortes y austeridad que el Fondo Monetario sigue avalando pese que aún no consigue todos los índices macroeconómicos exigidos para sustentar que, en efecto, su aplicación ha sido exitosa.
No obstante, las exclamaciones del mandatario argentino al conocer el dictamen que vuelve a abrirle un filón a «la modernización», expresan un optimismo poco entendible.
«No podrán detener el crecimiento que se viene para el País», sentenció con énfasis el Presidente en sus redes sociales, en alusión al propósito de «flexibilizar» el mercado laboral como motor de inversión para el sector privado.
Sin embargo, muchos no piensan que ello dé resultados. Un amplio y detallado análisis publicado en febrero por el portal argentino Motor Económico -donde se estudian las condiciones que están propiciando la caída de la producción fabril en el país- compara la reforma laboral actual con similares medidas aplicadas por los gobiernos neoliberales en Argentina -que tuvieron esplendor con el presidente Carlos Saúl Menem y llegaron hasta el depuesto Fernando de la Rúa-, y evoca los malos resultados alcanzados entonces.
Medidas del corte de las actuales estaban contenidas en la reforma laboral aplicada en 1991, y elevó la desocupación del seis por ciento que había en esa fecha al 9,3 por ciento registrado dos años más tarde, apunta.
Un segundo programa similar fue puesto en vigor en 1993, y llevó el índice de los sin trabajo hasta el 18,4 para 1995, precisa el artículo.
Después, estando ya en el gobierno De la Rúa, la desocupación creció al 25 por ciento… Y quienes vivieron aquellos años, recuerdan lo que vino después: un estallido social espontáneo provocado no solo por ello, sino por el hueco negro de la crisis económica y financiera en que la aplicación a rajatabla de esa y otras recetas fondomonetaristas, hundió a Argentina.
A la administración actual, la institución no le impone: Argentina le debe y se sigue endeudando con el FMI. Pero el ejecutivo argentino ha escogido ese camino. Y las experiencias anteriores no han probado que sea efectivo.
