Las ventajas que el territorio colombiano ofreció al Pentágono para desplegar a sus tropas a inicios de los años 2000, pudieran volver a abrirse tras la elección presidencial allí de hace una semana.
Abelardo de la Espriella, quien ha sido nombrado por el Consejo Electoral de Colombia como nuevo mandatario, parece tendrá relaciones estrechas con su homólogo Donald Trump.
El Jefe de la Casa Blanca se apresuró a felicitarle incluso antes de que la Registraduría lo declarase vencedor, y de antemano ha circulado que si el candidato del movimiento Defensores de la Patria ganaba, su nación pasaría a formar parte de lo que Trump ha nombrado como Escudo de las Américas: un arco fraguado en el Norte que permitirá a Washington contar con las fuerzas militares de los países latinoamericanos que son miembros para «defenderse» de alguien del vecindario que no convenga a sus interesas.
El Plan Colombia, implementado desde los tiempos del demócrata Bill Clinton y que tuvo como contrapartida, primero, al mandatario Andrés Pastrana y luego a Álvaro Uribe, fue amplio al posibilitar la presencia de las tropas estadounidenses en ese territorio, ubicadas en ocho bases militares desde las cuales no solo se combatió a la insurgencia de ese país.
Desde allí, Washington también vigiló y mantuvo a su recaudo al resto del cono sur, y a la región.
Colombia tiene que ser una plaza apetecible para el Pentágono en un momento en que Donald Trump relanza la Doctrina Monroe y procura la remilitarización de la región bajo la excusa —como entonces— de luchar contra el narcotráfico, flagelo al que ahora se le añade el terror.
En los tiempos del Plan Colombia, Washington llegó a poseer autorización en el momento «pico» del programa para mantener en la nación andina un tope, primero, de 500 soldados y 300 contratistas civiles estadounidenses.
Según publicó la revista Semana en el año 2020 citando a expertos, esas cifras permitidas ascendieron a 800 soldados y 600 contratistas para 2004 y los años siguientes, aunque en algún momento anterior las tropas pudieron haber llegado a mil.
El recuerdo de esas posibilidades, que fueron realidades hasta tiempos muy cercanos, resulta deseable ahora que la administración republicana «lucha» contra el narcoterrorismo, mediante el despliegue de sus marines por los mares Caribe y Pacífico, la reapertura de bases militares aparentemente olvidadas en países caribeños como Puerto Rico, el envío de sus «asesores» a los países «amigos», la realización de ejercicios y maniobras conjuntas, y hasta el establecimiento de nuevos enclaves militares como el que se planifica abrir en El Callao, Perú, según trascendidos, sin contar las expectativas de retomarlos en Ecuador o incrementar los que existen en Honduras.
Sin embargo, puede que materializar esos deseos no resulte coser y cantar para la Casa Blanca.
Tres representantes demócratas por Illinois, Nueva York y Texas, respectivamente, acaban de introducir tres reformas relacionadas con la ayuda a Colombia que pudieran condicionarla o restringirlas, si el trío de legislaciones resulta aprobado por todo el Congreso.
Las iniciativas modificarían la Ley de autorización de Defensa nacional y, por tanto, los gastos en ese rubro para 2027, e implicarían la revisión de la asistencia de Estados Unidos cuando los dirigentes o el país receptor hubieran tenido relación con las Autodefensas Unidas de Colombia, cuerpo paramilitar auspiciado en su momento para enfrentar a la insurgencia, o con bandas afines.
La otra propuesta, explicó la revista Cambio, persigue que la Casa Blanca mantenga «el apoyo» a los acuerdos de paz firmados entre las extintas FARC-EP y el Estado colombiano en 2016, y la tercera solicita un informe acerca de las violaciones de los derechos humanos en Colombia, especialmente en los tiempos de la contrainsurgencia y en lo relacionado con los llamados falsos positivos.
Según esa publicación y La Nueva Prensa, las enmiendas surgieron luego de conocerse una carta de 11 legisladores que demandaron a la Casa Blanca dejar de interferir en los recién celebrados comicios presidenciales colombianos, e investigar denunciados vínculos de Abelardo de la Espriella con las ya desmovilizadas Autodefensas Unidas.
La misiva respalda las denuncias del Pacto Histórico que pusieron de relieve las manifestadas «preferencias» de Washington por el candidato derechista disfrazado de outsider. Pero también pudieran poner bajo lupa los futuros vínculos militares entre su Gobierno y el que encabeza Trump aunque, cuando estaba vigente el Plan Colombia, también el Congreso debía autorizar la ayuda… y esta no faltó.
