Las bolsas de la arbitrariedad

Este es un caso de vivienda, ese asunto tan espinoso hoy en Cuba. Pero nadie se asuste: no echaré leña al fuego donde arden insatisfacciones, y reales problemas acumulados que se mezclan hoy con realidades muy crudas, a partir de las destrucciones ocasionadas por los malditos Ike y Gustav.

Es un asunto subjetivo, de la conducta humana, del maltrato y la arbitrariedad, que muchas veces se agazapa debajo de las limitaciones materiales. Y lo denuncia Jorge Enrique Ulloa Guardarrama, de Carlos Roloff 64, apartamento B, Sur, en la ciudad de Sancti Spíritus.

Por sus méritos laborales y la perentoria necesidad, Jorge Enrique fue beneficiado en el 2005 para construir su casa por el Plan CTC, con la ventaja de comprar los materiales a precios de Estado. Y tras tres años de vicisitudes y agonías, con gran esfuerzo monetario, ya él tiene su vivienda casi terminada, al punto de que solo le falta por extraer el gres cerámico para enchapar y el cemento gris y de cola para el piso y el enchape.

Durante estos últimos dos años, representantes del Gobierno y la Vivienda se reúnen cada viernes con los que construyen sus casas, para analizar la marcha del programa, orientarlos e informarlos. Y en la reunión del 3 de octubre se les comunicó que tras mucho tiempo se iba a reiniciar la asignación de cemento, con prioridad para las 13 casas del Plan CTC que se encuentran en terminación, entre ellas la de Jorge Enrique.

El lunes siguiente, él se dirigió a la técnica de la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) encargada de distribuir el cemento, solicitándole que le hiciera el modelo para ir a buscar el que le correspondía. Y ella le dijo que ya lo había repartido todo. Ya él no alcanzaba.

Él le manifestó su desacuerdo, y la técnica, «en forma airada y descompuesta, ante todos los compañeros allí presentes, me dijo que había distribuido el cemento de la forma que mejor le había parecido; que, por protestar, en lo adelante no me iba a tener en cuenta para nuevas distribuciones. Y que podía ir a quejarme adonde quisiera».

En la siguiente reunión, el viernes 10 de octubre, presidida por el vicepresidente del Gobierno municipal encargado de la Vivienda, y con la presencia del director de la UMIV, Jorge Enrique se «emancipó» en sus derechos cuando preguntó si un técnico que atiende el Plan CTC puede distribuir a su antojo los materiales que el Estado pone en sus manos. Y cuestionó más: el que un trabajador cubano y Vanguardia Nacional, pueda ser imposibilitado de terminar su vivienda porque se le ocurra a alguien colocarse por encima de la voluntad del Estado. Ninguna de esas preguntas fueron respondidas allí, pero al menos el vicepresidente de Gobierno manifestó que se iba a estudiar el caso.

El 15 de octubre les informan que hay cemento para repartir a todas las viviendas del Plan CTC, no importa la fase en que están. El jueves 16, Jorge Enrique va a ver a la técnica de la UMIV para que le haga el vale del cemento. Y ella le dice que no puede. Primero tiene que ir a medirle el piso de la vivienda, para saber cuánto tiene que darle. Y hasta el lunes no puede ser. Él le plantea que al darle el gres para el piso ya se habían hecho las mediciones. Y ella que no, que eso lo tiene que revisar; «y que de todos modos no alcanzo cemento porque ya repartió las 600 bolsas que había».

En resumen, significa, «a pesar de que se han repartido más de 900 bolsas de cemento al Plan CTC en Sancti Spíritus en una semana, a pesar de que la construcción de mi casa se encuentra detenida por la falta de este; a pesar de que desde febrero a la fecha solo he recibido 20 bolsas de las 2 900 que han repartido al Plan, mientras la mayoría de las que se encuentran en la misma fase que la mía han recibido cien e incluso más, no se me asignó porque a una empleada de la UMIV no se le antojó».

Jorge Enrique está dispuesto a sostener todo lo que ha contado en su carta. Y si hemos narrado esta historia con bastantes pormenores, no es por efectismo ni gozo con lo conflictual ni mucho menos. Duele narrar tales episodios. Pero en algo tan serio como la construcción de una vivienda para beneficio de los trabajadores, y en muchos trámites y problemas de la población, nadie está facultado para atribuirse poderes infundados y temperamentales, por encima de la voluntad del Estado y sus instituciones.

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