Divorciados del cliente...

Para que el ciudadano respete las instituciones, estas deben corresponderle. Pero hay historias que revelan la falta de profesionalidad con que ciertas personas, en nombre del Estado —¡pobre Estado!—, lo empañan todo.

Aranne Alemán me escribe desde calle Tercera número 30022, entre 300 y 302, Santa Fe, municipio capitalino de Playa. Y su motivo es una demanda de divorcio que deviene un tormento para ella, por el incumplimiento continuado de quienes deben agilizar su petición.

Cuenta ella que contrajo nupcias el 22 de marzo de 2007, en el Palacio de los Matrimonios de Playa. Y a los diez meses, se separó de su cónyugue.

A fines de julio pasado presentó la demanda de divorcio en rebeldía, por ignorar su domicilio. Primero fue a ver a la abogada que se encarga de esos asuntos en la Oficina de Trámites de la Población de Santa Fe. Y esta, luego de informarle lo requerido, le dijo que debía entregar los papeles lo más pronto posible, pues en agosto salían de vacaciones, y así su caso iría «caminando». Le indicó que al siguiente día le atendería su asistente.

Fue Aranne al Palacio de los Matrimonios de Playa y obtuvo la certificación de matrimonio. Al otro día, fue a la Oficina de Trámites y llevó la documentación solicitada: certificación de matrimonio, 192 pesos y un sello timbre por valor de diez pesos. Entonces, la asistente le comunicó que en ese momento no tenía modelo de solicitud, pero que durante el mes de agosto el trámite caminaría, y en total serían tres meses. Le orientó que siguiera llamando para saber de su caso.

Transcurrido agosto, a principios de septiembre Aranne comenzó a llamar, y ahí comenzó su calvario: todavía no está, así sucesivamente. A fines de septiembre, al fin logró comunicarse con la abogada, quien le comunicó que su trámite lo había presentado la asistente el 16 de ese mes.

Aranne comenzó a cuestionar la atención a su caso. Semana tras semana ha seguido llamando, sin ninguna solución. Por azar, ella se encontró con una de las empleadas que reparte las citaciones, y esta le comentó que había tenido su papel en las manos, pero lo había devuelto al Tribunal, porque la dirección estampada en el mismo no coincidía con la de nadie.

Gracias a la persistencia de Aranne, la empleada le entregó el papel y, efectivamente, la dirección estaba incorrectamente escrita. Tenía fecha 20 de octubre y ella la recibió el 29. La citación decía que a partir de esa fecha, el demandado tenía 20 días para personarse ante el Tribunal.

«Ya pasaron los 20 días, refiere Aranne. Exactamente me presenté en la oficina y no había nadie. Me he mantenido llamando y no hay nadie. Necesito saber adónde me puedo dirigir, qué puedo hacer. Realmente estoy algo consternada ante esta situación.

«Realmente no es fácil que ante situaciones que se presentan en la vida, haya personas tan irresponsables que, incluso, cuando no es culpa del cliente, no tengan una respuesta ante cualquier situación».

El viacrucis de María Elena y Luis René

María Elena Beatón Quesada me escribe desde calle 184, Edificio 57, apartamento 12, entre 369 y 371, reparto Mulgoba, del municipio capitalino de Boyeros, con una inquietud acerca de los avatares para que su hijo, graduado de Cultura Física, pueda obtener una ubicación laboral.

Refiere María Elena que el joven, Luis René Lorán Beatón, es atleta activo: ocupa la portería del equipo Industriales de fútbol, ya terminó su año de Servicio Militar, y no aparece una plaza para él, a contrapelo de la política estatal para el empleo de los profesionales graduados.

La señora ha hecho todas las gestiones: el 1ro. de septiembre la provincia lo envió con boleta de empleo para el municipio de Cerro. Y cuando llegaron allí, ya le habían dado la plaza a otra persona. Continuaron las gestiones en la provincia, y los enviaron al municipio de Boyeros, y este los remitió a Plaza. Allí supuestamente iban a aceptarlo, pero no tienen plaza.

Resumidas cuentas: llevan meses gestionando sin que aparezca una solución. Y María Elena Beatón se pregunta si su hijo está excluido de la política estatal que garantiza empleo, para el adiestramiento y servicio social, a cada joven que egresa de las aulas universitarias.

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