Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Construir. Ese es el único afán de Ernesto Batista Valcarcel. Pero las condiciones —y comprensiones— no lo han acompañado. A este trabajador de la Facultad de Enfermería del municipio de Holguín, residente en calle Antonio Moreno No. 65, entre 22 y 26, Reparto Nuevo Llano, en la propia capital holguinera, le fue otorgado en 2007 un módulo de vivienda para una inversión estatal con esfuerzos propios.

Dicha entrega —movimiento popular patrocinado por la ECOA 19—, incluía «el apoyo en la transportación de los materiales y una técnica asesorando la obra los martes y jueves».

Pero sucede que Ernesto es padre de una niña de bajo peso, que tiene estrabismo y catarata congénita en sus dos ojos; y su esposa, según cuenta, ha enfermado de los nervios hasta el punto de haber tenido varios ingresos. Por tanto, a este holguinero se le agravan las cosas para edificar su hogar. Solo.

«En varias ocasiones me he reunido con la dirección de mi centro de trabajo y con el sindicato. Me dicen que no pueden liberarme, que la resolución del 10 de marzo de 2007 es para los trabajadores seleccionados por la dirección sindical para construir (...); que lo único que pueden hacer por mí es autorizarme los días que vaya a trabajar en mi hogar; pero me los descuentan del salario», refiere el remitente.

Además, explica, se ha entrevistado con el Gobierno municipal y provincial; y «han dicho que me darán la respuesta. Hace más de seis meses que estoy esperando. Tengo cemento en mi casa echándose a perder. (...) Lo único que quiero es la liberación para poder construirla».

Vuelve con este caso la necesidad de que las normas no se conviertan en instrumentos inflexibles para las decisiones cotidianas. Al final, la vida es mucho más compleja que cualquier reglamentación. En un asunto, por individual que sea, se eleva o resiente toda la justicia conquistada.

A nombre del Consejo de Vecinos del edificio 28, micro 1, en el habanero municipio de San José de Las Lajas, nos escribe Anays Marín Díaz, residente en el apartamento 29 de dicho inmueble.

Narra Anays que desde 1997 las familias de la construcción múltiple comenzaron a informar sobre su alarmante deterioro. La riesgosa situación incluía «escaleras parcialmente derrumbadas con desprendimientos regulares de fragmentos, provocados por las cabillas oxidadas; estructuras rajadas parcialmente; filtraciones generales por paredes, entre paños y sistema eléctrico; el sistema hidráulico total inutilizado por óxido de las tuberías; cisterna inhabilitada para el consumo humano por contaminación con aguas residuales y albañales»...

Se efectuó entonces una visita de una Comisión Técnica de la Dirección Provincial de la Vivienda. «Fue dictaminado inhabitable el edificio y declararon que era necesaria una reparación capital. Hace 12 años de eso y aún estamos en espera del arreglo».

Refiere Anays que las autoridades locales han asegurado en múltiples ocasiones que el inmueble está «dentro del Plan de Inversiones de Reparación de Vivienda del Territorio». Sin embargo, nada ha avanzado al respecto.

«Nos han notificado —dice la remitente— que existe presupuesto y una brigada que debíamos esperar para acometer el trabajo porque estaban terminando una obra. Después, que había presupuesto pero no brigada; y por último, nuestro presidente del Poder Popular nos informó que no existe ni una cosa ni la otra».

La angustiosa —por dilatada— reparación ha salido una y otra vez en las Asambleas de Rendición de Cuenta. «No sabemos con certeza qué ocurre. ¿No está en la agenda de nadie? o ¿será que están esperando un accidente fatal para darle solución a nuestro problema?», se duele la mujer.