Contrato, y maltrato

Quien trabaja la tierra con honor y le saca sus frutos con vergüenza, no puede pagar por pecadores de la ineficiencia y la desorganización, como le sucede a Julio González, residente en Edificio 1, apto. 19, en Manuel Sanguily, municipio avileño de Venezuela, y trabajador de la unidad básica de producción cooperativa (UBPC) 24 de Febrero, adscrita a la Empresa Agropecuaria Juventud Heroica.

Relata Julio que fue contratado por tiempo determinado en dicha UBPC en diciembre de 2010, con el fin de que sembrara y cosechara unas 12,01 hectáreas de frijol negro, por el principio de ingresos menos gastos. Se planificó en el contrato un plan de entrega de 278 quintales del producto, y él tenía copia de las bases del sistema de pago.

Durante todo el período desde la preparación de tierra hasta la cosecha de ese cultivo de ciclo corto, Julio realizó enormes esfuerzos con la ayuda de sus familiares, sin tener en cuenta días ni horarios. Su objetivo era cumplir con el plan, que consistía en garantizar su palabra de hombre de trabajo; y de esa manera obtener los beneficios del sistema de pago aprobado.

Así, de forma manual, en marzo del presente año entregó para el consumo 288 quintales de frijol, un 103 por ciento de cumplimiento del plan, cuyo principal cliente era la Empresa Provincial de Acopio de Ciego de Ávila.

Esta última entidad efectuó el pago mediante el Banco, y por los ingresos obtenidos, menos los gastos deducidos, a Julio le correspondería una utilidad de 54 472 pesos con 51 centavos; por aquello de «a cada cual según su trabajo».

Pero con el paso de los días y los meses, la económica de la UBPC le plantea que al presentar esa unidad una crítica situación económico-financiera y alto endeudamiento con el Banco, este se apropia del ingreso, para ir disminuyendo esas deudas contraídas.

El problema, según Julio, quien sí cumplió con su deber, es que la dirección de la UBPC no le comunicó al Banco que esos ingresos provenían de un sistema de vinculación ya pactado con los trabajadores.

Refiere Julio que en mayo pasado apelaron a la CTC municipal, y los representantes de esta se presentaron en la UBPC. Entonces, la respuesta brindada fue que para cumplir con los trabajadores había que solicitar un pago de salario emergente. Pero no se hizo.

Acudieron a la CTC provincial, pero ya se había decidido proponer la desintegración de la UBPC por la crítica situación que presentaba. Y les comunicaron a los trabajadores que les pagarían la deuda con los ingresos que se obtuvieran de la venta de locales y medios básicos que harían, lo cual tampoco se realizó.

Al final de otras gestiones, el conflicto carenó en la Delegación Provincial de la Agricultura. Allí, emitieron un acta dirigida al hijo de Julio, quien lo representa en todas sus gestiones. En la misma se señala que las deudas de la UBPC están reconocidas en el expediente de la misma, y que a partir de la extinción de esa unidad, se realizará la liquidación. En un documento sin cuño oficial.

Por último, apunta Julio, «acudimos al Bufete Colectivo 1 de Ciego de Ávila, para situar una demanda, y la Directora del mismo nos planteó que no se debe demandar a entidades estatales».

Julio tiene muchas preguntas que esperan por respuestas serias y acciones contundentes:

«¿Por qué casi nueve meses luchando a brazo partido para que se nos pague lo que nos pertenece, y no se cumple? ¿Quién o quiénes serán los encargados de cumplir con lo acordado, si nosotros cumplimos con lo que nos correspondía? ¿Quién asumirá el pago?»

La cuenta pendiente con Julio, que es dignificar al hombre que trabaja y resolver tantas desorganizaciones e indisciplinas contractuales, es de alguna manera la vieja deuda que tiene la agricultura con la mesa y el bienestar del cubano.

Lo otro que no entiendo: ¿Por qué la Directora de un Bufete dice que no puede demandarse a una entidad estatal? Y en última instancia, ¿una UBPC por fin es cooperativa o estatal?

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