Acuse de recibo
Con su carretilla a cuestas y la zozobra de no poder llenarla tranquilamente, llegó a esta columna el 27 de noviembre la granmense Maritza Leyva (calle 22 No. 4, entre 21 y avenida 26 de Julio, reparto Camilo Cienfuegos, Bayamo).
Narraba la trabajadora por cuenta propia que a ella y otros carretilleros que venden productos del agro se les dificulta la obtención de estos porque, después de madrugar y viajar al municipio de Guisa para comprarlos, son multados frecuentemente por inspectores.
Refería Maritza que solo los dejaban trasladar 25 libras, y nada de cajas o sacos con las viandas y hortalizas que después venderían. Como es lógico, con esta pequeña cifra no les resulta rentable el negocio.
«Tenemos que andar escondidos para comprar. No nos ven como trabajadores, sino como merolicos», se dolía la lectora. Y este redactor apuntaba al publicar el caso la incongruencia de que el Gobierno cubano se esté abriendo a dinámicas formas de empleo cuentapropista mientras persiste en algunos la mentalidad burocrática de obstaculizar esta forma de trabajo.
Al respecto llega la misiva de Valentín Bárzaga López, director de Supervisión Integral en Guisa. Argumenta el funcionario que lo que sucede con los carretilleros en Bayamo es que «ejercen una actividad de compra y venta al por mayor en diferentes lugares de la montaña y el casco urbano del municipio, fundamentalmente con ilegales que comercializan sin estar acreditados».
Al desarrollar dicha labor en las aceras, portales de instituciones y en la Terminal —añade Valentín—, interrumpen el paso de los peatones, por lo que se les aplica el Decreto ley 272 artículo 17, sobre las regulaciones del ornato público, por interrumpir la circulación de peatones y pasajeros «con la gran cantidad de cajas y sacos que cada uno lleva, de cuatro a seis».
Existe un alto nivel de quejas de los pasajeros, ejemplifica el dirigente, fundamentalmente en los transportes privados, «los cuales, en su licencia operativa de transporte aparecen registrados como de servicio público de pasajeros; y los mismos cobran por las cajas y los sacos, ejerciendo una actividad de carga que no tienen autorizada», sostiene el directivo.
En opinión del funcionario, a los trabajadores por cuenta propia no se les asedia en Guisa, simplemente se hace cumplir lo que está legislado en decretos y resoluciones, y que se puede hablar de flexibilidad pero todo sobre la base de lo legal.
El municipio ha desarrollado «acciones para organizar esta problemática, y se decidió un área de concentración para la comercialización de los productos del agro… Los que ejercen la actividad ilegal no la utilizan… generando quejas de la población», señala Valentín.
Y casi termina su misiva el Director municipal de Supervisión afirmando que «en Guisa sí queremos a todos los trabajadores por cuenta propia». En el municipio —defiende— «no existen cabezas tercas ni oídos sordos, ni se imponen las cosas, se actúa de acuerdo con las resoluciones, decretos, decretos leyes…».
Agradecemos la rápida respuesta del directivo granmense. Si bien se hace necesario regular la actividad de los transportistas, alguna opción habrá que crear para que los carretilleros y otros trabajadores por cuenta propia puedan trasladar su mercancía. Porque evidentemente, pasando 25 libras de un municipio a otro ni sobreviven ellos, ni les prestan a la población el servicio facilitador que se necesita.
Ciertamente, el ornato público no debe afectarse, pero ha de recordarse siempre que la esencia de los carretilleros es la movilidad de la venta, su carácter ambulatorio y restringirles esta facultad no ayuda a nadie.
Por último, es curioso que en ninguna línea de la carta de Valentín se mencione el nombre de quien promovió el asunto, la trabajadora Maritza Leyva. ¿Se le visitó? ¿Fueron ofrecidas a ellas las explicaciones que aquí se publican? No hacer oídos sordos, implica, en primer lugar, capacidad para el diálogo.
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