Acuse de recibo
Tal vez algún día veamos en el Festival de Cine el filme con que hemos fantaseado: La muerte del burocratismo, pero cuando uno lee cartas como las de hoy, se le nublan un poco estas expectativas.
La primera la envía Pedro Darias Rivero (Edif. 26 e/ 34 y 36, Apto. D-10. Rpto. Petrolero, Cienfuegos). Hace un año y nueve meses este cienfueguero y su esposa andan en trajines para la adjudicación a ella de la casa de su padre fallecido. Y aún no ven nada claro al respecto.
Según cuenta Pedro, todo inició «en febrero de 2010, cuando contratamos a un abogado del Bufete colectivo de Cienfuegos, municipio cabecera, el cual nos trató muy bien y nos comenzó el trámite. A la altura de mayo de 2010 nos informó que los papeles se habían mandado para la capital, porque existía un trámite que se conoce como “Actos de última voluntad o declaratoria de heredero”, que se realiza solo en La Habana; y que esto demoraba algunos meses».
Así, esperaron y esperaron los papeles hasta que en noviembre de 2010, después de recibidos, el abogado les dijo que faltaban unas pequeñas verificaciones y que a principios de enero de 2011 debía adjudicarse la vivienda, cuenta el remitente.
También aclara, para que se valore en su magnitud el asunto, que el papá de su esposa era divorciado, que ella es única hija, única heredera, y todo eso fue debidamente probado con certificados y testigos, ante las instancias jurídicas correspondientes.
«Ya en enero de 2011 —relata el lector—, cuando nos disponíamos a celebrar el triunfo, nos encontramos con que a los papeles, cuando viajaron a La Habana, les faltó un dato “X” que alguien olvidó poner, y por esto los habían mandado de vuelta… Y hasta nuevo aviso, porque para ponerle la tapa al pomo el abogado nuestro no tiene jurisdicción sobre ese trámite, a los efectos de tratar de apresurarlo».
Golpeados ya por la incertidumbre, Pedro y su señora se preguntan si con las nuevas disposiciones a la Ley de la Vivienda estas gestiones no se simplifican y quedan al arbitrio de las instancias provinciales; porque en su provincia han preguntado y les dicen que no.
Pero bien, aun con las antiguas legislaciones no parece razonable que alguien pase casi dos años para hacerse legalmente propietario de lo que le pertenece. ¿Dónde queda el respeto al derecho individual? ¿Quién paga el tiempo perdido, los tragos amargos que estos cubanos han pasado aguardando documentos como si vinieran de otra galaxia?
También de enredos legales son las penas del granmense Alexander Figueredo Bárzaga (Calle J. F. Larramendi, No. 11-A, e/ Carretera Central y Forestal, Rpto. Pedro Pompa, Bayamo). Narra Alexander que el 2 de noviembre pasado se personó en la Consultoría Jurídica Internacional (Sucursal Granma), con el fin de legalizar dos documentos: una certificación de nacimiento y una de soltería.
«Existen dos vías para hacer ese trámite —apunta el remitente—, una normal, que demora unos 45 días, y una rápida, en la que el término… demora de 20 a 25 días naturales, pagando 100,00 CUC por cada documento. Yo negocié con la institución la más rápida… efectuando a tales fines el pago de la suma ascendente a 100,00 CUC por cada documento, por un importe total de 200,00 CUC, avalado por el número de comprobante de pago 0278993».
El tiempo pasó y, con todo su derecho, el cliente fue a reclamar los legajos certificados. Sin embargo, en el momento de escribirnos (2 de diciembre) no tenía en sus manos ni los papeles ni una respuesta convincente por la demora. Tanto a la instancia provincial, como a la nacional —a través de aquella—, Alexander ha manifestado su descontento, pues pagó una gestión preferencial y no ha recibido un servicio de igual categoría.
¿Dónde quedaron para la institución las consignas tan caras al mundo empresarial que otorgan toda la atención y el respeto al cliente? Si por cada día de retraso tuvieran que indemnizar a Alexander, ¿por cuánto iría ya la deuda de esta entidad?
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