Acuse de recibo
Los «mala paga» no deben escabullirse tan fácilmente, y sentir el peso implacable de la justicia, sobre todo cuando mantienen sus deudas con el campesino cubano, que trabaja la tierra de sol a sol.
Hoy la deudora es la Empresa de Servicios Comunales del municipio de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Y el acreedor el campesino Alberto Guerra, de Calle 1ra. s/n, Aterrizaje, Dos Ríos, en ese municipio. El 8 de mayo de 2008, vísperas del Día de las Madres, el entonces director de Servicios Comunales en Palma, Orlando Rodríguez, fue a su casa a adquirir 1 500 docenas de flores para enviarlas con urgencia a Santiago de Cuba, donde escaseaba esa oferta.
Alberto cumplió lo suyo, y al otro día, en Servicios Comunales de Palma le dieron una factura firmada por la especialista principal de Contabilidad de la entidad, por 3 000 pesos, y a nombre de la cooperativa de créditos y servicios fortalecida (CCSF) Ernesto Che Guevara, de la cual es socio el productor.
En julio de 2008, se personó con la factura ante Orlando Rodríguez, quien planteó que ese pago lo tenía que efectuar Servicios Comunales de Santiago, que comercializó las flores; y él gestionaría con el jefe del Departamento de Floricultura en la provincia, la transferencia a la cuenta de la CCSF.
En otro momento, el director de Servicios Comunales en Palma le dijo a Antonio que ya en la provincia estaban en función de la transferencia, pero se estaba organizando el Departamento Económico de Santiago por esos días; que le diera un margen. Y pasó el tiempo del voto de confianza. Alberto pensó pasar el caso a la Comisión de Impagos, y le rogaron que no lo hiciera: la deuda se pagaría.
Posteriormente, Alberto fue al Departamento Económico de Servicios Comunales en Santiago a mostrar su inconformidad. El económico le respondió que él no podía realizar el pago, por no tener en su submayor de cuentas por pagar la factura a nombre de la CCSF; y tampoco contaba con ningún documento que lo acreditara.
Había un nuevo director de Servicios Comunales en Palma, Israel Lahera, y Alberto lo puso al corriente de los hechos. Lahera le solicitó le diera un tiempo para tratarlo en el Consejo de Dirección Provincial de Comunales.
En segunda entrevista con Lahera, este se comunicó, en presencia de Alberto, con el jefe de Floricultura en la provincia, quien le aseguró que ya tenía eso «amarrado» con los de Economía, y con el nuevo director provincial de Servicios Comunales; que luego le comunicaría la salida que se le daría al caso.
Transcurrido un tiempo prudencial, Alberto se entrevistó con el económico de Servicios Comunales en Santiago, quien le planteó que Moraima, quien fungía como jefe del Departamento Económico de Servicios Comunales en Palma, le comentó el caso, «pero no se llegó a ninguna conclusión».
El 2 de agosto de 2009, Alberto se entrevistó con el director provincial de Servicios Comunales, el subdirector general y el jefe del Departamento de Floricultura. Durante ese encuentro, este último expuso los pormenores del impago.
El director provincial planteó que el municipio de Santiago de Cuba no podía realizar el pago, por no contar con un documento que acreditara la comercialización de las flores.
Entonces Alberto mostró la factura que tiene del municipio de Palma, y le explicó todas las gestiones infructuosas. Y reveló también su desagrado: no entendía cómo podían tener tal grado de desorganización en sus aparatos económicos; y, para colmo, pasividad y desentendimiento evidentes, cuando él sí resolvió un problema de la Empresa el 8 de mayo.
Entonces, el director provincial le sugirió que tratara el asunto por los Tribunales, y fueran estos quienes decidieran. Alberto no optó por pleitear en la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial, porque tendría que nombrar un abogado, a un costo de 500 pesos, para reclamar 3 000 que le debían.
Dirigió una carta al presidente de la ANAP (no se especifica a qué nivel), a la Dirección de Economía y Planificación municipal, y al Consejo de la Administración Provincial (CAP).
Este último nombró una comisión que visitó a Alberto en su domicilio, y concluyó que se le debía pagar la deuda. Ellos realizarían las coordinaciones con Servicios Comunales en la provincia. Antes, el secretario del Consejo de la Administración Municipal le había prometido realizar todos los trámites para que se efectuara el dichoso pago.
Hasta que me escribió, el 22 de diciembre de 2011, Alberto no había resuelto, «en una gestión comercial que debió ser un trámite sencillo, y por negligencia y burocratismo se ha convertido en un gran problema sin su debida solución».
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