Acuse de recibo
El pasado 24 de junio reflejé aquí la denuncia de Félix Revilla, residente en Santiago de Cuba. Contaba él que la madre de sus dos hijos, Miosotis Hechavarría, reside con ellos y con su anciana madre en una casa en muy mal estado en esa ciudad.
Miosotis se vio precisada a dejar su trabajo por problemas de salud, y es beneficiaria de la Asistencia Social. Por ello, solicitó acogerse al subsidio estatal para reparar la vivienda. Y le fue concedido por la comisión municipal, luego de ingentes esfuerzos, ya que siempre faltaba algo: o una firma, o que el Banco Popular de Ahorro (BPA) notificara que faltaba un nombre o algún que otro apellido de los funcionarios correspondientes.
Ya concedido el subsidio, fue a buscar los primeros materiales. A la semana siguiente fueron a buscar las ventanas, puertas y las luminarias interiores. Y, para su asombro, en el Banco le dijeron que el subsidio había sido detenido por una carta del Consejo de la Administración Municipal (CAM), en la cual no explicaban el porqué.
Félix se cuestionaba el hecho de que, ante tal interrupción de lo que ya había sido aprobado, ningún funcionario del CAM se había dirigido a esa familia para explicarle las causas de tal interrupción.
Al respecto, recibimos sendas respuestas de José L. Alari, presidente del Banco Popular de Ahorro, y de Marcos Antonio Campins Robaina, vicepresidente del Consejo de la Administración Municipal de Santiago de Cuba.
El primero precisa que «cumpliendo indicaciones del Consejo de la Administración Municipal (CAM) al Banco, el 8 de junio se interrumpe por la sucursal bancaria el servicio de emisión de fondos a las solicitudes de Miosotis; y con fecha 21 de junio, por orden del propio órgano, se reanuda el servicio».
También informa que el 25 de junio, al siguiente día de publicarse el caso, directivos de la oficina bancaria en Santiago visitaron a Miosotis, quien firmó una carta en la cual dijo no sentirse maltratada nunca por esa institución.
Por su parte, el vicepresidente del CAM explica que en junio pasado ese órgano fue supervisado por el Consejo de la Administración Provincial en cuanto al proceso de otorgamiento de subsidios para reparación o construcción de viviendas. Y, como resultado, se les orientó reevaluar siete casos que, por los ingresos familiares que presentaban, supuestamente no requerían del subsidio. Uno de ellos era el de Miosotis.
Para ello, agrega, se creó un grupo de trabajo que, en 15 días debía presentar los resultados al CAM. En tanto, el 7 de junio se le solicitó al BPA detener el servicio, hasta que concluyeran las investigaciones.
El 18 de junio, señala, se reevaluaron de nuevo los siete casos en el CAM. Y a Miosotis se le ratificó el subsidio, dado que el ingreso de su núcleo es apenas el resultado de una jubilación por enfermedad y una prestación de la Asistencia Social. El 20 de junio le informaron al BPA que restableciera la entrega de cheques a la subsidiada.
Afirma Marcos Antonio que a Miosotis no le fue notificada la suspensión, dado que su subsidio solo estaba en proceso de revisión. Y no existía ningún pronunciamiento oficial del CAM que cancelara el mismo.
«No obstante —apunta—, reconocemos que no se orientó adecuadamente a la compañera por parte del Banco Popular de Ahorro, lo que fue analizado de forma crítica en el seno del CAM. No se derivaron medidas disciplinarias al respecto, pero nos sirvió el análisis para fortalecer el proceso establecido con vistas a aprobar ese tipo de subsidio en nuestro órgano».
Afirma que a Miosotis se le brindó la información adecuada y se le comunicó el resultado de la revisión realizada, ratificándosele el subsidio.
Agradezco las respuestas, pero la historia revela que falló la sensibilidad con la información al beneficiario del subsidio. Ya Miosotis lo tenía, y de improviso se le detuvo para una revisión que bien pudo garantizar el CAM antes de aprobar la medida.
Lo incorrecto es que a Miosotis no se le dio información alguna del porqué. Un programa tan humano, que apoya a familias vulnerables económicamente, no puede dejar espacios a la incertidumbre y la duda. Fuera el CAM o el BPA, lo cierto es que se imponía contactar a los implicados en la revisión. La gente merece todas las explicaciones posibles.
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