Acuse de recibo
El día 12 del mes 12 de 2012 —y no es un trabalenguas— esta columna acogió la denuncia del lector Edgardo Hernández, quien allá en la calle F, entre Capitán Cuevas y B, en el reparto santiaguero de Chicharrones, sufría la sería contaminación resultante de la colindante dulcería La Taína.
Contaba Edgardo que, como un manto negro, el hollín del horno de La Taína llevaba tiempo dañando la salud de los vecinos, quienes habían hecho llamadas y cursado cartas al Poder Popular, Citma y Fiscalía. Consignaban que, ante esas quejas, iban allí comisiones, recogían pronunciamientos y firmas de los afectados… «pero todo termina en un nudo, y el problema persiste», acotaba.
Y apuntó que la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria (EPIA), a la cual pertenece la dulcería, decidió aumentar un metro más la altura de la chimenea de La Taína. Pero el daño no se erradicó: el combustible, muy denso, siguió cayendo en forma de grumos sobre patios, techos y aceras del vecindario. «¿Cómo es posible que se esté luchando contra la contaminación ambiental a nivel nacional, y esto suceda aquí en Chicharrones?», concluía cuestionando Edgardo.
Al respecto, responde Félix Blanco Trujillo, director general de la EPIA, que «para darle tratamiento a la queja, se creó una comisión integrada por directivos de la Empresa y la Unidad Básica Alimsan; se visitó la unidad y al compañero Edgardo Hernández, donde se intercambio con él sobre la problemática planteada».
Precisa Félix las medidas tomadas: se agregó un metro más de altura a la chimenea inicial que existía; se puso un quemador nuevo, lo cual hace que la combustión del combustible sea completa y por tanto elimina el humo y el hollín; se limpió la chimenea y se elimino el hollín que aún quedaba en su interior. Y se construyó un techo a los tanques del petróleo, de manera que el agua no pueda afectar la combustión.
Finalmente, señala que «por todo lo antes expuesto, considero que el compañero tiene razón en la queja formulada, y estuvo de acuerdo con el trabajo realizado».
Agradezco la atención y solución definitiva al caso. Y solo me pregunto por qué no se resolvió de esa manera integral antes de que se hiciera público en esta columna. No puede uno menos que sentirse insatisfecho con estas respuestas presionadas por la publicación, a remolque de las revelaciones. ¿Por qué no se hizo antes?
Jorge López Pérez (General Gómez 251, esquina a San Ramón, Camagüey) es víctima de la lentitud con que centralizadamente se fijan ciertos precios en nuestro país. Y no tiene otra alternativa que hacer público su problema.
Cuenta el lector que semanas atrás se le averió un microwave adquirido con ingentes sacrificios financieros. Y en el taller de Copextel donde atienden esos casos, le informaron que tienen en existencia la pieza a sustituir —lo más difícil está—; pero no le pueden hacer el trabajo porque a la misma, desde octubre de 2012, le rebajaron el precio de empresa, pero aún no lo han hecho con el minorista. Aunque habló con el gerente de Copextel, nada se puede solucionar hasta que no venga el precio «de arriba».
«Como mi caso, añade, existen varios, como el de una persona que llevó su lavadora desde septiembre del pasado año. Y está en las mismas condiciones. El Ministerio de Finanzas y Precios no ha puesto el precio. No entiendo cómo es posible que hayan transcurrido tantos meses existiendo las piezas.
«Me pregunto dónde está la atención al cliente. Mi equipo no tiene ya garantía, pero ni aún así se le dio una solución. Si no hubiera la pieza, estaría de acuerdo».
Puede que lo más correcto sea la centralización de determinados precios, para proteger al consumidor de los efectos emulsionantes de la correlación oferta-demanda. Pero lo inexplicable es que esa facultad, tan concentrada allá arriba, se ejerza con morosidad. Con razón, el lector sospecha que esa lentitud puede favorecer a quienes resuelven sus problemas sobornando, dinero mediante.
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