Acuse de recibo
El veterano arquitecto Arturo Deprit Rosell no es de los que van por la vida indiferentes a los problemas mayores, a los asuntos que tal vez «les toquen a otros»... Por eso alertaba en este espacio, el 8 de diciembre pasado, sobre el peligro inminente que señoreaba en las ruinas de lo que fuera el Hospital Pedro Borrás Astorga, encuadrado entre las calles 29 y 27 y F y G, en el capitalino Vedado.
El lector, residente en calle 23 No. 551, apto. 5, Vedado, Plaza de la Revolución, refería que el citado centro hospitalario está pendiente de demolición hace aproximadamente un lustro, tras casi 20 años de evaluaciones y análisis; pero la ejecución de tal empeño ha sido una y otra vez aplazada.
En este lapso, comentaba Arturo, han sucedido dos derrumbes con igual número de pérdidas de vidas humanas. Las personas, antes y después de instalado el muro perimetral, se han introducido para sustraer materiales de construcción, aun a riesgo de su existencia.
La pared que delimita el espacio incluso ha sido varias veces rota por la calle 29, observaba el capitalino. Y esto no solo ponía en la cuerda floja la seguridad de los infractores, sino hasta de los transeúntes.
Por todo ello, llamaba el experimentado arquitecto a tomar medidas urgentes. A fin de cuentas, opinaba, este es un terreno privilegiado que bien podría utilizarse, después de la demolición, en instalaciones de bien público.
A propósito escribe Luis Fernando Navarro Martínez, viceministro del Ministerio de Salud Pública (Minsap). Informa Luis Fernando que para la tramitación del asunto se constituyó una comisión ministerial presidida por el ingeniero Omar Jorge Pordiéguez Rodríguez, director de Inversiones del Minsap, quien le ofreció las explicaciones pertinentes al arquitecto Deprit.
Así, Pordiéguez Rodríguez argumentó que en estos momentos está decidido proceder con la demolición, después de valorar diferentes variantes de utilización del inmueble. Dicha demolición está prevista para el primer semestre de 2013.
En cuanto a los peligros de los que daba señas el remitente, comunica el Viceministro que se están tomando diferentes medidas para evitarlos. Estas son: «La protección del área con custodios de la Empresa de Seguridad y Protección; habilitar el alumbrado exterior e interior; se procedió al saneamiento de las áreas; y creación de todas las condiciones para una vez iniciada la demolición se concluya la entrega de los terrenos, limpios para su nuevo uso social».
Añade el funcionario que Arturo Deprit agradeció la atención dada a su misiva. También Acuse agradece la contestación del Minsap.
Me gustaría sin embargo detenerme en algunas cuestiones. ¿Por qué no se dice nada sobre las casi dos décadas sopesando variables para proceder en uno u otro sentido? ¿Qué entidades o especialistas estuvieron implicados en tales evaluaciones? ¿Puede darse el lujo el país de esperar años y años a que se alcancen los consensos entre quienes deben decidir y se ejecute por quienes deben ejecutar?
Haciendo un ejercicio de pensamiento no muy difícil uno puede imaginarse comisiones y grupos de trabajo, y reuniones, y análisis, y actas, unos detrás de otros, sin que llegara a términos operativos lo que debía hacerse. Esto con el consiguiente tiempo personal e institucional dilapidado. ¿En qué gaveta quedaron —si quedaron— tantos papeles?
En un país que pretende enrumbar su vida toda hacia la eficiencia, hacia la racionalidad, habrá que desterrar tales procedimientos. Ojalá lo planificado se ejecute en hora y pronto veamos una floreciente obra social en lo que, desde hace años, solo son peligrosas y desagradables ruinas.
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