Acuse de recibo
Desde 1ra. avenida, No. 5201-C, entre 52 y 53, en Varadero, Roberto Fernández García alerta a los consumidores cubanos sobre el peligro de adquirir productos alimenticios ya vencidos para su consumo; no solo por el engaño que supone, sino también por el peligro que ello representa para la salud humana.
El 9 de octubre pasado, Roberto se dirigió al mercado de alimentos del Centro Comercial Hicacos, en el sótano del Parque del Coppelia de ese balneario, ubicado en 1ra. avenida, entre 44 y 46. Su objetivo era comprar edulcorantes artificiales, como lo hace allí regularmente, pues es diabético.
Vio con una mezcla de sorpresa y satisfacción que la caja que habitualmente él adquiere a seis CUC estaba rebajada a tres. «Y conociendo que en Varadero las tiendas en divisas que expenden alimentos acostumbran a bajarles el precio cuando están próximos al vencimiento», Roberto buscó en la caja la fecha de caducidad.
Descubrió que la misma había registrado ya una rebaja a 4,20 CUC; y al no tener salida, la redujeron a tres CUC. Pero el producto no estaba a punto de vencer, sino que ya era mercancía vencida, pues precisamente caducaba en octubre de 2013.
El cliente le planteó a la empleada que los edulcorantes ya estaban vencidos. Y esta lo negó. Entonces él fue a las evidencias irrebatibles: le mostró una de las cajas, con la fecha de vencimiento bien visible.
Roberto, quien no es uno de esos consumidores pasivos que se dejan embaucar, le señaló a la empleada que esa práctica era ilegal. Y ella respondió que no tenía culpa de eso; «cosa que pudiera ser cierta, afirma el lector, pero si los empleados del lugar no son culpables, mucho menos lo somos los clientes, que pagamos por un producto cuya fecha de vencimiento ha caducado, con la triple afectación de ser estafados, consumir un producto que no reúne los parámetros requeridos, y correr el riesgo de que pudiera perjudicar la salud».
Impedir que esto ocurra, afirma Roberto, es responsabilidad de la administración de la tienda, la del centro comercial al que pertenece la misma, y la de la cadena de mercados a la que se subordina la primera.
También llama la atención del remitente el hecho de que tales situaciones ocurran en centros comerciales frecuentados por turistas extranjeros. Tales prácticas ilegales, señala, pudieran contribuir a deteriorar nuestra imagen en el exterior, con las consiguientes afectaciones económicas para el país.
Lo otro sumamente contradictorio al parecer del remitente, es que en una ciudad donde existen tantos inspectores de todo tipo, y por todas partes, ninguno se tome el trabajo de verificar y exigir a las tiendas en divisas que los productos que ofertan reúnan los requisitos establecidos por la Ley para proteger al consumidor.
«Al mismo tiempo —apunta—, esta violación también podría dar lugar —como no esté sucediendo ya— a que el producto vencido haya sido dado de baja en los documentos contables; y, pese a ello, se haya puesto a la venta, a un precio tentador, con ánimo de lucro, por empleados de la tienda encargados de retirarlo.
«Como parte de la lucha contra la corrupción que todos los revolucionarios estamos moralmente obligados a llevar adelante, la administración del aludido centro y las autoridades competentes del territorio deben tomar cartas en el asunto y responder acerca de las medidas tomadas al efecto», concluye Roberto.
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