Acuse de recibo
Luego de cinco años con los ascensores rotos, los vecinos del edificio de 12 plantas de calle 26, No. 163, entre 15 y 17, en el municipio capitalino de Plaza de la Revolución, vieron los cielos abiertos cuando la Dirección Municipal de la Vivienda instruyó un expediente técnico en octubre de 2013 y la Empresa UNISA comenzó la instalación de nuevos elevadores, importados de Rusia.
Según la carta de Margarita R. González, Magalys San Martín y Martha Rosales, vecinas del inmueble, el trabajo de montaje fue concluido por una brigada de UNISA en diciembre de 2013. Y, para sorpresa de los inquilinos, los nuevos ascensores no pudieron funcionar.
Alguien decidió de antemano que había que ampliar el espacio exterior de los ascensores, diseñado para los anteriores equipos, pues los nuevos supuestamente resultarían más anchos. En consecuencia, la brigada rompió todos los bordes de concreto y losas de cerámica que enmarcan las puertas de los equipos, desde el último piso hasta abajo. No fue hasta la segunda planta que se percataron de que era innecesario ensanchar, pues los elevadores nuevos resultaban más estrechos que sus predecesores.
«Y al quedar un espacio vacío a cada lado, señalan, habría que rehacer todo el trabajo de reconstrucción de paredes y losas para cubrir esos huecos abismales, que constituyen un peligro para todos, principalmente para los niños, y que hasta el día de hoy no permiten el uso de los nuevos elevadores».
Ya a estas alturas, aparte del sobregasto económico en recursos y trabajo que representa para la inversión, y del perjuicio a los vecinos, la falta de uso de los ascensores puede dañar las tarjetas digitales, debido a la humedad y desprogramación, añaden las remitentes.
Este es un claro ejemplo de cómo una inversión estatal para beneficio de más de 500 residentes comienza a crear complicaciones y despilfarro, en manos de la irresponsabilidad, el descuido y la chapucería.
¿Quién fue el culpable de tan festinada decisión, que tantos problemas ha creado? ¿Dará el rostro?
El pasado 15 de enero, el lector Carlos Pereira contaba aquí que su nieto estudia el primer año de Elaboración de Alimentos en el Instituto Politécnico Playa Girón, del municipio capitalino de Playa, y que el joven debía comenzar sus prácticas, pero debía realizarlas con el uniforme de cocinero.
El abuelo se preguntaba dónde y cómo adquirir la indumentaria, si sus precios son muy elevados para una familia con un salario promedio. «Si se demanda el uso del uniforme de cocinero, ¿por qué tienen que adquirirlo como si ya trabajaran en una paladar?», cuestionaba Carlos.
Al respecto responde Alexander Manso Díaz, director de Educación Técnica y Profesional del Ministerio de Educación, que una comisión se entrevistó con el abuelo y la madre del estudiante y con el director del centro politécnico, y estableció contactos con funcionarios del Ministerio de Comercio Interior, organismo rector de la especialidad.
«Se constató —señala— que dentro de las informaciones que se brindaron allí en la primera asamblea de padres del curso escolar 2013-2014, se abordó lo relativo al uso de la ropa adecuada en el desarrollo de las actividades prácticas previstas para cada especialidad; en el caso de Elaboración de Alimentos, la ropa blanca».
Agrega que lo indicado para esos casos es garantizar el vestuario requerido a través de los convenios conjuntos que se firman entre los centros politécnicos y las administraciones de las entidades laborales donde los estudiantes realizan las prácticas, según establece el convenio Ministerio de Educación-Ministerio de Comercio Interior.
Es conocido por los organismos, apunta, que se debe planificar en el presupuesto la compra de vestuario, instrumentos o herramientas, accesorios para la protección e higiene del trabajo, entre otros, que garanticen el desarrollo adecuado de las actividades prácticas.
Y concluye que «en los casos donde no sea posible cumplir con lo antes explicado, no se les puede exigir a los estudiantes que lleven un vestuario que no pueden adquirir. Entonces, la entidad deberá recibir a los estudiantes con otro tipo de ropa que cumpla con las normas sanitarias establecidas (zapatos cerrados, pantalón largo, pelo recogido, sin prendas y con las uñas cortas). Y deberá plasmarse en el convenio de trabajo de cada centro politécnico con las entidades de producción y servicios».
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