Acuse de recibo
El proyecto parecía no solo viable, sino hermoso y prometedor. Después de un tiempo distanciada de su familia, Grisel, quien estuvo en una misión como colaboradora médica, garantizaría junto a su esposo el bienestar económico con una cafetería donde él, gastronómico de estudios, podría laborar, y ambos, finalmente, tener un bebé.
El proyecto prometía, pero la realidad, como suele suceder, fue distinta a las ilusiones. Había varias cafeterías en su municipio en lugares similares al que escogieron, por eso no pensaron que sobrevendrían problemas. Entonces, a un costo de 1 300 CUC terminaron la instalación y se dispusieron a utilizarla. Se ubicó en la Calzada de San Miguel del Padrón, en la parte delantera de la casa de una amiga, pues como Grisel y su esposo viven en un consultorio médico, que es medio básico, no podían situarla en su propio hogar.
«Todo iba muy bien, pero al mes de comenzar aparecieron por allí inspectores de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) del municipio, quienes sin escuchar palabra alguna (…) nos pusieron una multa de 400 pesos, porque los trabajadores que allí se encontraban no mostraron el papel de planificación que autorizaba que la cafetería estuviera ahí. Los trabajadores me llamaron por teléfono. Yo estaba en una interconsulta de Pediatría; mi esposo, buscando mercancía, traté de entenderme con los inspectores… Nada», narra la galena.
«A solo cinco días de esta multa —continúa la remitente— viene la DIS provincial y hace lo mismo, y encima de poner una multa de 500 pesos, dejan una orden para la demolición de dicho lugar. (…) No escucharon razones y nos dejaron bien claro que había que demoler».
Visitó la doctora Grisel la Oficina de Planificación Física de San Miguel del Padrón, y obtuvo un documento que autorizaba la permanencia de la instalación gastronómica. En el mes de julio de 2013, volvieron representantes de planificación física a pasar con la orden de demolición, pues según ellos, el inmueble afeaba el ornato público e iba en contra de las regulaciones urbanas, refiere la lectora.
Grisel continuó reclamando y, tras cuatro largos meses, le permitieron reabrir el establecimiento. Y laboró durante un tiempo. Pero el pasado 13 de marzo, otra inspección de planificación física del municipio dejó en la cafetería una orden de demolición en siete días.
El argumento esgrimido fue que no podía haber cafeterías en esa arteria principal de la ciudad. Al explicarles la propietaria que existían ocho de estas instalaciones en condiciones semejantes a la suya, le respondieron que algunas tenían un permiso especial para ello.
«Acudí a la oficina (no especifica si a nivel provincial o municipal) el día lunes, y la compañera que debió atenderme, Dulce, no pudo hacerlo porque iba para una reunión; en el pasillo (…) me comunicó que no estaría martes ni miércoles, que llamara ayer a ver si estaría hoy, pero ninguno de los dos días estuvo. Le pregunté si estaría el jueves, y me dijo que tampoco sabía… Le pregunté que si otra persona podía atenderme y me dijo que no podía continuar hablando porque tenía que irse para su reunión», evoca la doctora.
En fin, pasaron los siete días y al momento de escribirnos, Grisel y su esposo estaban entre la angustia y la incertidumbre, esperando que de un momento a otro, vinieran a demoler lo que les costó tanto sacrificio.
«Creo que cuando alguien viene a exigirte algo o a aplicarte un decreto, tenemos el derecho de conocer qué decreto es, quién lo emitió; creo que tenemos derecho a un buen trato, a una explicación convincente», reflexiona la galena.
¿Qué podemos hacer?, se pregunta casi al final de su misiva.
En su caso, añade este redactor, saltan a la vista incongruencias, autorizaciones que a la larga no lo fueron, procedimientos incorrectos… En calle 6ta, consultorio médico No. 24, entre Calzada de San Miguel del Padrón y Calle a Reparto Vista Hermosa, San Miguel del Padrón, la doctora Grisel Rufin Pérez y su esposo esperan respuesta y comprensión.
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