Incumplen sentencia del Tribunal Supremo

Aún con todo lo que alertaba y lo que denunció, María del Carmen Carrandi está sufriendo impunemente el zarpazo ajeno allá en su domicilio, en García Roco 111, entre Emiliano Agüero Varona y Tomás Betancourt, en el reparto Beneficencia, de la ciudad de Camagüey.

Cuenta ella que el 14 de agosto de 2011, la Ecoai 8, de conjunto con la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) y la Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda (UPIV), comenzó un programa de reparaciones de varias cuarterías aledañas a su casa.

Y a tiempo, María del Carmen alertó de los daños colaterales a su domicilio: Al desmontar y separar el caballete en común o colindante, ocasionaron roturas y deterioros en paredes y techo de dos de sus habitaciones, este último con tejas criollas antiquísimas. Al remover el techo, se generaron goteras…

También utilizaron la pared de la denunciante como medianera e hicieron ranuras para situarle instalaciones eléctricas. Y en parte de su caballete colocaron el techo de zinc de otra vivienda; todo ello sin permiso o autorización de ella. Y ocasionaron graves daños en las vigas que soportan la cubierta de tejas (vicio oculto). Al pasar el tiempo, y por las inclemencias a que continúan expuestas hasta la fecha, continúan agravándose.

La Ecoai 8, la UMIV y la UPIV estaban alertadas de todas estas secuelas por los llamados reiterados de María del Carmen, para los cuales nunca hubo atención ni solución. El 18 de abril de 2012 ella fue citada a la Dirección Municipal de la Vivienda, y no se presentó nadie de las entidades implicadas.

Ante tales irregularidades mantenidas en el tiempo, María del Carmen acudió a la homóloga sección Catauro, del periódico provincial Adelante, que publicó su queja, sin recibir atención ni respuesta de los encartados. También escribió a Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que le orientó establecer demanda judicial contra las entidades mencionadas.

Luego de contratar los servicios del Arquitecto de la Comunidad, cuyo proceso fue bastante dilatado, María del Carmen los demandó judicialmente a finales de 2012, y los Tribunales locales fallaron a su favor. Pero la Ecoai 8 apeló el fallo y la UPIV se declaró rebelde en todo el proceso.

No obstante, casi un año después, el Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba falló a favor de María del Carmen. Y desde agosto de 2013 ella tuvo esa sentencia firme en sus manos con número 303 y Expediente 273 de 2013.

«Pero hasta hoy —señala María del Carmen— se ha incumplido la ejecución de dicha sentencia. Ni siquiera se ha logrado a través del Tribunal Provincial de Camagüey que esas entidades concluyan y concreten de una vez las complicadas y necesarias reparaciones en el inmueble».

Y en una reunión que se convocó con dichas entidades el pasado 11 de agosto, no hubo resultado alguno. La Ecoai 8 propuso utilizar material de acero para llevar a cabo la solución más rápida y conveniente que encontró: reconstruir el techo con una placa. Y la UPIV se niega rotundamente, «impidiendo con esto continuar la restauración o sustitución de lo dañado; pero  resulta que mi viejo techo se sigue deteriorando, y lo único que han podido hacer es ¡apuntalarlo!», señala María del Carmen.

«El pasado 8 de septiembre, refiere, luego de publicarse nuevamente en Adelante, la propuesta que me hacen por escrito y para salir del paso, es reparar el techo con una teja de zinc. Es una solución muy ventajosa para ellos, y perniciosa para mí, puesto que esa teja de zinc desvaloriza y cambia la estructura de la vivienda. Además, no se ajusta a lo establecido en el dictamen técnico, que fue lo estipulado en la sentencia del Tribunal Supremo Popular: restituir o reparar el techo como es originalmente (tejas criollas)».

En síntesis, la historia de María del Carmen es un caso más de la impunidad y el irrespeto a la Ley de ciertas entidades estatales que, alertadas a tiempo, y desconociendo las implicaciones de sus actos, dañan la propiedad de un ciudadano y, para colmo, se resisten a acatar los fallos de los tribunales. ¿Hasta dónde puede llegar la afrenta a la institucionalidad y la legalidad? ¿Hasta dónde se mancilla al ciudadano y a la prensa local?

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