Acuse de recibo
Con gran retraso, tras siete meses de reflejar aquí la denuncia de la camagüeyana María del Carmen Carrandi, el 12 de septiembre de 2014, llegó la respuesta de Tania María Gómez y Yamilka Collazo, jefa del Departamento de Atención a la Población y directora de Asesoría Jurídica, respectivamente, del Ministerio de la Construcción (Micons).
Antes recordemos: Carrandi contaba que, a raíz de un programa de reparación de cuarterías aledañas a su casa, auspiciado por la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) y la Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda (UPIV), alertó de los daños colaterales a su domicilio: al desmontar y separar el caballete en común o colindante, causaron roturas y deterioros en paredes y techo de dos de sus habitaciones. Al remover el techo de tejas, se generaron goteras. Y también usaron la pared de Carrandi como medianera e hicieron ranuras
para situar instalaciones eléctricas. En parte de su caballete colocaron el techo de cinc de otra vivienda. Todo sin permiso de ella. Y le ocasionaron graves daños en las vigas que soportan la cubierta de tejas.
Carrandi se quejó reiteradamente a la ejecutora (ECOAI 8), a la UMIV y a la UPIV; pero nunca tuvo atención ni solución. El 18 de abril de 2012 fue citada a la Dirección Municipal de la Vivienda, y no se presentó ninguna de esas entidades.
La afectada lo denunció en la homóloga sección Catauro, del periódico provincial Adelante, sin recibir atención ni respuesta de los aludidos. Escribió a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que le sugirió establecer demanda judicial contra esas entidades. Así lo hizo, y los tribunales locales fallaron a su favor. La ECOAI 8 apeló el fallo, y la UPIV se declaró rebelde en todo el proceso.
No obstante, casi un año después, el Tribunal Supremo falló a favor de Carrandi, quien desde agosto de 2013 tuvo esa sentencia firme en sus manos. Pero hasta que escribiera a esta sección, se había incumplido la ejecución del fallo.
En reunión del 11 de agosto de ese año, la ECOAI propuso reconstruir el techo con una placa. Y la UPIV se negó. Mientras, el techo de Carrandi seguía deteriorándose. Y el 8 de septiembre de 2014, luego de publicarse el problema de nuevo en Adelante, la propuesta que le hicieron fue reparar el techo con una teja de cinc. Propuesta que no se ajustaba a la sentencia del Tribunal Supremo Popular: restituir o reparar el techo como era originalmente (tejas criollas).
«La historia (…) es un caso más de la impunidad y el irrespeto a la Ley de ciertas entidades estatales que, alertadas a tiempo y desconociendo las implicaciones de sus actos, dañan la propiedad de un ciudadano y, para colmo, se resisten a acatar los fallos de los Tribunales», comentaba entonces este redactor.
A propósito, reconocen las funcionarias del Micons que Carrandi tenía razón y que la respuesta se ha dilatado porque en ella intervinieron varias entidades del territorio, incluida la empresa constructora, responsable con la reparación de las afectaciones causadas.
Precisa que el 8 de octubre de 2014, con la presencia de la presidenta del Tribunal Provincial, el director de la UPIV, el director técnico de la ECOAI 8, el asesor jurídico de la propia empresa y otros especialistas y funcionarios del Grupo Empresarial de la Construcción de la provincia, se efectuó una reunión, pues existían contradicciones entre el inversionista y Carrandi. Y hubo que cambiar el proyecto en varias ocasiones porque, entre otras inconformidades, la solución concebida inicialmente no era posible materializarla, pues generaría nuevos problemas.
Finalmente, la UPIV cambió el proyecto, para ejecutarlo con una placa, incluidas las necesarias columnas. El cronograma de ejecución se inició el 9 de diciembre de 2014, y el 13 de febrero de 2015 se firmó el acta de recepción de la obra —ya concluida— por el constructor, el inversionista y la propietaria de la vivienda.
Informan que, a consecuencia de las citadas irregularidades, se aplicó la democión definitiva del cargo a Guillermo Agramonte, director de la ECOAI 8, y se liberó de su cargo a Alfredo Ignacio Clavelo, jefe de la Brigada 4 de la misma entidad.
Lo que no se aclara son los oídos sordos durante tanto tiempo a los alertas de la ciudadana y del periódico Adelante, e incluso al fallo del Tribunal Supremo, para después de que se revelara el mal en esta sección corrieran a delimitar responsabilidades y enmendar el entuerto. Por cierto, la UPIV y la UMIV de Camagüey ni siquiera se han dignado a responder por sus responsabilidades compartidas en esta historia, como inversionistas. ¡Qué pena…!
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