Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El pasado 27 de marzo, y desde el barrio capitalino del Sevillano, Eric Gómez González, propietario de un camión y trabajador por cuenta propia, refería que tiene su Licencia de Operación de Transporte (LOT) y, por supuesto, las licencias de circulación y conducción. Posee el certificado de haber aprobado la escuela de educación vial, paga sus impuestos a la ONAT y contribuye a la Seguridad Social.

Señalaba que, al igual que otros propietarios de camiones con LOT, da servicio de carga a los trabajadores por cuenta propia que adquieren sus mercancías en la cooperativa de abasto El Trigal, en las afueras de la capital, para que estos puedan comercializarlas en sus puntos de venta.

Y contaba que desde hacía un tiempo, según criterios de inspectores de la Dirección Integral de Supervisión (DIS), los dueños de camiones con LOT no podían realizar ese trabajo, porque contraviene un acuerdo del Consejo de la Administración Provincial (CAP) de La Habana.

Un acuerdo que, según Eric, no han podido verlo ni leerlo, y ningún inspector se los ha mostrado. Solo les dicen que la carga tiene que hacerse de noche, y en otros medios de transporte como motos, autos, yipis y tractores con remolques. Medios que, decía, no tienen las más mínimas condiciones, muchos fabricados artesanalmente, sin luces, frenos ni seguridad. Así, no pueden adquirir la LOT y mucho menos la certificación del Somatón, señalaba.

Eric preguntaba: «¿Por qué quienes poseemos un vehículo seguro y legal, no podemos trabajar de día, si no de noche? ¿Cómo pagar una licencia solo para trabajar de noche, si es precisamente en la noche cuando los ilegales se aprovechan, debido a la falta de inspectores y policías?». Y argumentaba además que El Trigal funciona de día, y es un sinsentido exigir que la mercancía se despache en horario nocturno…

Por todo ello, revelaba, dos inspectoras le habían impuesto 500 pesos de multa el pasado 23 de marzo. «No es posible —razonaba Eric—, que su función sea solo la de imponer multas, sino que hay que dotarlos de las herramientas y valores necesarios para demostrar y persuadir a la población de que actúan con razón. Hay que capacitarlos, previa selección basada en condiciones morales, personales e intelectuales», afirmaba.

Y recababa un esclarecimiento del asunto, «que no solo me afecta a mí, y que no consiste en el mero hecho de un caso fortuito; lo preocupante es que esta situación puede volver a propiciarse, ya que es resultado, a mi entender, del actuar incongruente e infundado».

Al respecto responde Amaurys A. Domínguez Pérez, director de la DIS provincial de La Habana, quien reconoce que «el actuar de los supervisores no fue el adecuado, a tenor de no haberse cometido tal contravención, ya que el Acuerdo 342 aprobado por el CAP solo establece el objetivo de crear orden y disciplina en la ciudad para los transportistas y vendedores de productos del agro al por mayor, que vienen de otras provincias, y en ocasiones de La Habana, que tienen como regulación expender en el Mercado Concentrador El Trigal.

Amaurys comunica a Eric que «su llamado ha tenido respuesta, por lo que se procederá a dar una justa satisfacción a su situación, emitiendo una resolución con la que podrá tramitar, en la Oficina de Control y Cobros de Multas, la devolución de su dinero, reconociendo nuestro proceder equivocado».

Agradezco la respuesta y la voluntad rectificadora que ella trasunta. Pero, desafortunadamente, solo se le valida la razón a Eric, sin responder fundamentadamente el porqué los inspectores pueden tergiversar el espíritu de una ordenanza, sin dominio de esta ni explicación a los supuestos violadores de la misma.

¿Fue una interpretación distorsionada del Acuerdo de manera puntual, o se estaba aplicando este erráticamente? Tampoco se explica si la injusticia era generalizada, por falta de supervisión de quienes debían controlar a los supervisores. ¿Qué medidas se tomaron y con quiénes?

Lamentablemente tales distorsiones en funcionarios que deben ser abanderados rigurosos e inteligentes de la Ley, oscurecen el escenario económico en que deben avanzar las formas de gestión no estatal, un propósito de la alta política gubernamental del país.