¿Caso cerrado?

Reabro un caso gracias a la tenacidad de Elba Balloqui Almeyda, quien el 18 de enero de 2015 denunció aquí el engaño del excontingente 26 de Julio con los vecinos del edificio sito en calle 25 No. 160, entre Infanta y O, en el municipio capitalino de Plaza de la Revolución, y el incumplimiento por esa entidad del contrato hecho con la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV).

Refería Elba que, por el pésimo estado del inmueble erigido en 1927, desde 2001 era incluido en el Plan de Rehabilitación de la UMIV. Y fue a mediados de 2010 que comenzaron las obras de reparación por el 26 de Julio. Pero se interrumpieron en diciembre de ese año, sin explicaciones…

No repararon la fachada ni reforzaron los balcones y las columnas del sótano. No se asumió la demolición y levantamiento del muro que en el quinto nivel amenaza con desplomarse. Las labores se ciñeron al resanamiento, necesario, pero no lo único que demandaba intervención.

Elba decía que los vecinos habían acudido a todas las entidades involucradas, sin que hubieran recibido una respuesta satisfactoria, «solo justificaciones… y falsas promesas…». Pero la UMIV, los Consejos de la Administración Municipal y Provincial y la entidad causante conocen el caso. «Mientras tanto —acotaba— sigue deteriorándose aceleradamente. Y llegará el momento en que, en el mejor de los casos, ya no pueda ser rehabilitado», concluía.

Nunca hubo respuesta a esta sección de la denuncia. Y  ahora llega una segunda carta de Elba: Los involucrados también hicieron oídos sordos, por lo cual, a sucesivas cartas realizadas a partir de mayo de 2015, el Departamento de Conservación y Rehabilitación de la Dirección Provincial de la Vivienda y el Consejo de Administración Municipal de Plaza respondieron, pero nada se ha hecho, y el caso está cerrado prácticamente, sin esperanza de que se reabra.

Aunque algunos quieran pasar la página del olvido, Elba  tiene «la esperanza de que alguien (...) se digne a dar una explicación que, al menos, nos satisfaga, y no nos deje en este estado de indefensión en que nos encontramos hace más de cinco años».

La historia se repite

Los vecinos del edificio en el número 11619, entre 116 y 118, en avenida 35, municipio capitalino de Marianao, denuncian que dicho inmueble se encuentra en pésimas condiciones constructivas desde hace años, y los desprendimientos de fragmentos de concreto amenazan la vida de sus ocupantes.

En 2013, tras plantear el asunto reiteradamente en las asambleas de rendición de cuenta, les dijeron que se había aprobado un presupuesto para la reparación del edificio. La misma sería de las áreas externas a las viviendas que más ofrecen peligro. El arreglo interno (solo dos de los 25 apartamentos tienen problemas serios en su interior) lo asumirían los vecinos, por esfuerzo propio.

No fue hasta octubre de 2015 que llegó la brigada de constructores para acometer los primeros trabajos. Y a finales de diciembre de ese año plantearon que tomarían un receso para continuar en 2016, pues el presupuesto ya estaba aprobado. Pero han pasado tres meses y la brigada ya recogió sus andamios y herramientas. Dijeron que no saben cuándo regresarán, pues la empresa ejecutora de la obra a la que se subordinan, la UEB ECAL, sita en calle 130 No. 4111 entre 41 y 43, Marianao, no ha dado una respuesta clara.

Los inquilinos tratan de encontrar explicación, y el Delegado ha ido al Gobierno Municipal, a la UEB ECAL, a la UMIV y a todos los factores involucrados. Pero hasta ahora no se ha podido desenmarañar el nudo burocrático que pospone la obra.

«Tal parece que los encargados del asunto están experimentando con la teoría del caos. O quizá estén esperando que el edificio se deteriore más para declararlo inhabitable algún día y así desprenderse de la angustiosa labor de repararlo.

Para tratar de evitar el desastre y apoyar en algo la labor del Delegado, se personaron vecinos en la UEB ECAL (no es la primera vez que van) el pasado 31 de marzo para conversar sobre el asunto con el directivo Pavel, quien los había citado a las 8:30 a.m. Pero no pudo atenderlos.

«No entendemos cómo en medio del llamado hecho por la administración de nuestro Gobierno para alcanzar una empresa socialista eficaz y eficiente, algunos incumplan con la responsabilidad que tienen de prestigiar la misma y ponerla al servicio de nuestro pueblo», concluyen los autores de la carta: Rafael Hernández González, residente en el número 11615, que colinda con el 11619 y ha recibido el impacto de fragmentos de concreto; y Jorge Rojo López, residente del edificio afectado y presidente del CDR.

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