Peligran más de 120 hectáreas de arroz

«No es posible que por demostrar que sí se pueden hacer las cosas que uno se propone, cuando se hacen con amor, interés y sacrificio, se nos echen a perder más de 120 hectáreas sembradas de arroz», denuncia un grupo de socios de la cooperativa de crédito y servicios fortalecida (CCSF) Gabriel Torres, de Media Luna, en la provincia de Granma.

Los remitentes, encabezados por Martín Garnache, presidente de la CCSF, relatan que por la elevada cantidad de miembros que tenía esa cooperativa, la dividieron en dos: la que sigue llevando ese nombre, y la Celia Sánchez Manduley. Y el pasado año ambas entregaron 551,13 y 545 toneladas de arroz, respectivamente, con un volumen de agua que tenía la presa Vicana de cinco millones de metros cúbicos.

Hoy, aseguran, la presa tiene el doble o más de agua. Y además hay dos micropresas, una en Los Patos y otra en Sibama, que vierten sus aguas al mar, pues no tienen las válvulas necesarias para almacenarlas.

El asunto es que no los dejan sembrar arroz, con el argumento de que toda el agua está destinada a los cultivos de caña. Pero los de la Gabriel Torres se arriesgaron y sembraron más de 120 hectáreas del grano, al ver que había suficiente agua en las micropresas. almacenaron agua con palos y sacos llenos de tierra.

Y gran parte de ese cultivo se encontraba hace unas semanas en estado de floración, cuando más necesita del agua; mientras que la UBPC de Los Guayos, que tiene más de cinco millones de metros cúbicos en la presa Vicana, abrió las micropresas para verter el agua al río y mojar la caña, pero la sobrante va a parar al mar.

«No nos quieren hacer contrato para el corte ni la venta de arroz —señalan—. Con la situación de alimentos que tiene el país.

«A nosotros, con una presa y dos micropresas, no nos hicieron contrato de siembra; sin embargo, al municipio de Campechuela, que no cuenta con esas ventajas, les aprobaron 800 hectáreas para sembrar arroz.

Sentenciados a no producir

Erik Suárez Rodríguez, campesino de la cooperativa de crédito y servicios (CCS) Bernabé Pérez Marbella, en el municipio avileño de Florencia, considera que en materia de trabajo y rendimientos, no deben pagar justos por un pecador.

Cuenta que el tabaco de su cosecha 2014-2015 lo garantizó a la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco en Tamarindo. Y el dinero de esa venta, 123 132 pesos, está depositado en el Banco de Florencia. Pero Erik no ha recibido de ello ni un solo centavo.

El Banco plantea que la citada CCS está embargada, porque un socio de esa cooperativa tiene deudas elevadas con la Empresa Porcina Provincial de Ciego de Ávila. Y el Tribunal  sentenció que todo el dinero que entra para la cooperativa tiene que ir a parar a la cuenta para pagar la citada deuda.

Erik pregunta: «¿Qué culpa tenemos los demás socios de esta cooperativa de que un irresponsable tenga esa deuda y un tribunal sentencie que la tenemos que pagar nosotros?».

Manifiesta que tal situación ha traído mucho malestar en todos los socios, «porque están jugando con nuestros ingresos, con el sacrificio de un año bajo el sol y el sudor para poder vivir y mantener a nuestras familias».

Y como resultado, precisa, no cuentan con los recursos y no tienen el ánimo para seguir pagando deudas ajenas, las cuales impiden que puedan liquidar lo que propiamente les corresponde pagar. «Entonces la actual cosecha que debíamos tener, no la podemos hacer realidad, porque de la nada, no puede producirse nada. Somos padres de familias y debemos cuidar y responder por ellas», concluyen.

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