Lo que dicen las resoluciones

El pasado 17 de junio, Luis López Sánchez, trabajador por cuenta propia de la ciudad de Guantánamo, alababa la decisión del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones de permitir a los Joven Club de Computación que alquilen sus computadoras con juegos a los clientes, mediante tarifas establecidas. Y a la vez, cuestionaba el porqué no se permite que, «quien posea una PC, pueda sacar una licencia como trabajador por cuenta propia y arrendarla para que otros disfruten los juegos digitales».

«Está totalmente prohibida para los particulares, decía, y no así para el Estado. ¿Por qué?, ¿quién debe actualizar esas leyes y permitir las nuevas formas de trabajo que sea posible implementar en el país, según los nuevos cambios que vayan ocurriendo?».

Este redactor también plasmó su preocupación por el hecho de que hay quienes alquilan ilegal y furtivamente sus computadoras personales y como no se visibiliza ni está legalizado, el Estado está perdiendo contribuciones fiscales con esa prohibición.

Al respecto, responde Mariano A. Diéguez Torreguitart, subdirector de empleo en la Dirección provincial de Trabajo de Guantánamo, que «el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), mediante la Resolución 41/13 (Reglamento del Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia) determinó las actividades que pueden realizarse por cuenta propia, así como las regulaciones de quienes pueden realizarlas, los requisitos para ello y sus ordenamiento y control.

«Además, dictó la Resolución 42/13, que establece las actividades que pueden ejecutarse como trabajador por cuenta propia, la denominación, contenido y alcance de cada una de las 201 actividades aprobadas nacionalmente. Y el alquiler de computadoras no está contenido dentro de las actividades aprobadas a ejercer en esa Resolución».

Refiere que se elevó a la dirección de empleo del MTSS la preocupación de López Sánchez para que se evalúe la posibilidad de su aprobación en modificaciones futuras.

«Con respecto a las personas que él señala que se dedican de forma ilegal a realizar furtivamente dicha actividad, plantea Diéguez, se arriesgan a ser multadas por las autoridades facultadas, e incluso en algunos casos a hasta perder la computadora mediante su decomiso».

No les hacen caso

Denuncia Susana Savory que los vecinos de la localidad avileña de Baraguá, cuyas viviendas están conectadas a la línea principal de Camilo Cienfuegos, específicamente los de la calle Cristino Naranjo, tienen los patios llenos de aguas sucias, por una inundación que hay en la zona.

Varias veces se han dirigido a Acueducto y Alcantarillado y al Gobierno municipal y la respuesta es que el carro para solucionar el problema está roto.

«No nos hacen caso, afirma. Estamos atados de pies y manos en esta zona, donde viven niños chiquitos que corren el riesgo de contraer enfermedades. Esas aguas son albañales y tenemos que mantener las casas cerradas.

«Cómo es posible que el gobierno local se declare incapaz de solucionar asunto tan peliagudo? ¿Por qué se desestima tanto la cooperación interterritorial? ¿Por qué se mantiene en ascuas a los ciudadanos, en vez de elevar un SOS a las instancias superiores cuando no aparece el recurso?».

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