Pagando caro el mal trabajo de otros

«Escribo como último recurso, con esperanza de que alguien me escuche y ayude con mi problema, en el cual se juega mi futuro», afirma Luis Enrique Almarales Garcés, un joven recién graduado de Ingeniería Química en la Universidad de Oriente, que vive en Calle 13 No. 407, Baire, Contramaestre.

Su problema comenzó cuando lo ubicaron para realizar su Servicio Social en la fábrica de cemento José Mercerón, de la ciudad de Santiago de Cuba, entidad que no tiene alojamiento para él, quien reside a unos 90 kilómetros de distancia. Y para colmo no hay transporte entre los dos municipios que le garantice cumplir con su jornada laboral.

«Aunque hubiera transporte —dice—, son más de dos horas de viaje, por lo cual jamás tendría el horario de descanso que merece un trabajador; sin contar que como adiestrado mi salario no me permitiría esos viajes ni la mitad del mes».

La ubicación, apunta, la hizo la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, de conjunto con la Universidad de Oriente. Y la explicación que dio la primera es que ninguna entidad de Contramaestre demandó fuerza de trabajo.

«La solución fue a la ligera —subraya—, pensando en cumplir el plan y no en las personas. Es una planificación que debería hacerse con sumo cuidado, teniendo en cuenta que es con la vida de personas con lo que se está trabajando. Con el futuro de jóvenes que recién comienzan».

Cuenta que a fines de julio pasado intentó, con el apoyo de Recursos Humanos de la Empresa del Cemento y de la Empresa Agroindustrial América Libre, de Contramaestre, el traslado hacia esta última, donde realizó su trabajo de diploma satisfactoriamente y donde hay interés en que él labore allí.

Pero el proceso de traslado es muy complicado. La aceptación y la liberación por parte de cada industria debe hacerse a nivel de sus respectivos ministerios. Ello conlleva tener que enviar cartas, primero al Ministerio de Agricultura para que dé su aprobación, luego esos papeles deben retornar para ser llevados a la fábrica de cemento, y que esta los vuelva a enviar a La Habana, a su organismo superior, para que este emita su liberación y lo comunique al Ministerio del Trabajo, que es el único con potestad legal para ordenar el cambio de la boleta de ubicación laboral.

«Lo peor —plantea— es que los organismos no están del todo claros de cómo llevar a cabo el proceso. Cada cual tiene su propia versión, aumentando la confusión, dificultando el proceso y haciéndome viajar infructuosamente una y otra vez a la ciudad de Santiago desde mi municipio.

«Tampoco los organismos tienen una forma ágil y segura de hacer llegar esos documentos a las personas facultadas en sus ministerios. Hay que esperar que alguien de la empresa vaya o venga de La Habana para que haga el favor de llevarlos.

«No entiendo —acota— por qué los trámites no se pueden hacer por correo electrónico. Cuando quise usar esa vía me dijeron que no, que debían usarse los canales establecidos. No obstante, logré enviar los documentos para La Habana, por separado cada uno, para el Micons y el Ministerio de la Agricultura, con la fe de que pudieran ponerse de acuerdo sin que tengan que retornar a Santiago otra vez y ahorrar tiempo.

«Pero aún no recibo respuesta. No logro saber cómo va el proceso, si las cartas llegaron a las manos indicadas, si se están haciendo las gestiones o si los organismos han logrado ponerse de acuerdo. Aquí en Santiago nadie sabe darme respuesta. Los papeles salieron para La Habana y nadie sabe.

«Cada paso que doy requiere mucho esfuerzo, pues tengo que viajar a la ciudad de Santiago, y resulta costoso para mi familia. Estoy pagando bien caro el mal trabajo de otros al ubicarme.

«Prueba es que graduados de mi carrera residentes en Santiago fueron ubicados en el central azucarero América Libre, de mi municipio. Y pasaron la misma situación, con la diferencia de que su empresa dio solución a su problema rápido. Entonces, sí había demanda de fuerza de trabajo en Contramaestre».

Luis Enrique sabe que estos procesos de traslado tardan unos cuantos meses. Le preocupa que no ha podido comenzar a laborar, ni ha hecho el contrato de trabajo, porque este le obligaría a cumplir con un horario que le es imposible.

«El tiempo pasa —dice— y sin deberla ni temerla corro el riesgo de perder mi título universitario, que tanto esfuerzo costó. Soy joven y estoy en toda la disposición de trabajar, ser útil a la sociedad y aplicar todo lo que aprendí. Pero la irresponsabilidad de otros no me lo ha permitido».

Luis Enrique tiene la esperanza de hacerse escuchar por los organismos que tienen responsabilidad en el asunto, para que la asuman, y pueda trasladarse a su municipio y realizar su servicio social satisfactoriamente.

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