Logística sin lógica

Hay carencias materiales, pero muchas molestias no provienen precisamente de problemas objetivos, sino de chapucerías e irresponsabilidad. Lo sabe Úrsula Echevarría (Calle 22, Edificio 22, apto. 15, entre A y B, El Roble, Guanabacoa, La Habana), una paciente con diabetes mellitus tipo 1, que ha sufrido la amputación del cuarto y quinto dedos y mitad del empeine de su pie izquierdo.

Cuenta ella que en la antepenúltima repartición de medicamentos de enero de 2017 por la droguería a la farmacia 623, la que le corresponde por su área de salud, hubo «desenchuche»: Según factura, la metformina fue supuestamente entregada a esta; pero en realidad fue a la farmacia 624. Logística sin lógica.

La administradora de la 623 dijo que el problema se resolvería con la reclamación a la droguería. Al otro día Úrsula habló con ella, y le respondió que hizo la solicitud, sin resultado hasta entonces. Úrsula llamó por teléfono a la farmacia principal municipal: le dijeron que habían insistido en la droguería, y no había respuesta aún. Que podían hacerle un «rechazo» para otra farmacia que tuviera metformina, pero podía adquirir un solo frasco.

«Yo requiero dos tabletas en el desayuno, dos en el almuerzo y dos en la comida. ¿Qué resuelvo con un frasco de 30 tabletas?», acota Úrsula, quien rechazó la opción e insistió por teléfono con la droguería, cuya pizarra la transfirió a una extensión. Desde esta la reorientaron al puesto de mando. Allí le respondieron: «Hay que esperar, la administradora de la unidad sabe cómo proceder».

Úrsula esperó… Y el 1ro. de febrero fue a su farmacia, porque el 31 de enero la droguería debía entregar los medicamentos. Cuál fue su sorpresa al constatar que de la reclamación de la metformina pendiente, nada. Una vez más, solicitó información a la administradora de la 623, quien respondió: «Ya telefoneé a la droguería y no me han contestado hasta ahora. Yo sé lo que tengo que hacer».

Úrsula concluye: «Estoy sin metformina para controlar mi serio padecimiento. Llevo días a toda carrera por obtenerla. Como yo, otros diabéticos están sujetos a la burocracia, indolencia, negligencia… Algo que puede resolverse en el municipio se convierte en un infierno. Solo pido que los implicados en este terrible error rectifiquen y tengan a bien solucionarlo».

¿Qué sucedió?

Juan Miguel Salazar Ortiz (Edificio 3, apto. 17, reparto Nuevo Media Luna, Media Luna, Granma) es profesor del centro universitario municipal de ese territorio, que antes del proceso de integración universitaria pertenecía a la filial de Cultura Física del mismo municipio.

Escribe para contar que, junto a dos compañeros más (Luis Alberto Montalván y Manuel Enrique Milanés), fueron convocados en abril de 2015 por la Facultad de Cultura Física de Granma a participar en el proceso de cambio de categoría docente, y optar por la de profesor auxiliar.

Tal grado lo aprobaron. En septiembre de 2015 solicitaron a la Facultad el certificado que les acredita. Quien estaba al frente del proceso les dijo que debían esperar, porque no los habían enviado desde La Habana. En noviembre de 2015 les planteó que debían seguir esperando, pues hubo que enviar los expedientes de nuevo: tenían documentos mal elaborados.

Ya en diciembre les informó que el proceso no fue validado en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, en La Habana, porque el tribunal que los examinó no era idóneo.

«Eso no tiene fundamento —apunta—. Con nosotros, ese Tribunal examinó a dos compañeros más, y los certificados llegaron en octubre de 2015, con pago retroactivo y todo».

Juan Miguel contactó con el doctor Helmer Antonio Méndez, presidente del tribunal de marras, quien señaló que la respuesta no se fundamenta, pues el mismo está avalado para realizar procesos de cambio de categorías docentes desde Camagüey hasta Guantánamo, y nunca les sucedió algo así.

Desde septiembre de 2015, como parte de la integración de la Educación Superior, pasaron a la Universidad de Granma, y han planteado su inquietud a todas las instancias (director del centro universitario municipal, secretario general de la sección sindical y director de Recursos Humanos de la Universidad, asesor jurídico de la Rectora de la misma, y la Rectora propiamente.

«De todos recibimos promesas de respuesta —dice— y nadie sabe explicarnos qué pasó. ¿Cómo es posible que situaciones como estas ocurran en el Ministerio de Educación Superior? ¿Quién nos explica de forma convincente lo sucedido?».

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