Acuse de recibo
Desde el kilómetro 31 y medio de la carretera a Luis Lazo, en Sumidero, Minas de Matahambre, Pinar del Río, el 1ro. de septiembre de 2016, José Eduardo Valle Rodríguez denunciaba aquí la impune intrusión de animales ajenos en sus tierras que causan destrozos y pérdidas, al punto de que recientemente un rebaño de cerdos había arrasado con un sembrado de yuca suyo. Un fenómeno bastante extendido en los campos de Cuba.
Hay campesinos que toman la justicia por sus manos ante tales daños. Pero José Eduardo quiso enfrentarlo con las armas de la ley. Gestionó ante el presidente de su cooperativa, y en la Delegación Municipal de la Agricultura, con el jurídico y el jefe de los inspectores. Acudió también al Bufete Colectivo, a la registradora del Registro Pecuario, y al jefe de sector de la Policía en Sumidero. Y todo fue infructuoso...
Precisaba el campesino que ninguna de las entidades mencionadas tiene decreto alguno o reglamento que disponga multar por el pastoreo y daño de esos animales en zonas rurales. La respuesta dada siempre fue la misma: hay un vacío legal. Y si la ley no lo establece, no pueden aplicar lo que no está legislado.
La única solución, refería, es llevarlo a tribunales, a un proceso civil, que suele ser engorroso y demorado. En el propio Bufete Colectivo le ilustraron que un proceso civil requiere de muchos argumentos y evidencias para ganarlo. Y mientras se reúnen todas las pruebas, los animales acaban con los sembrados.
José Eduardo manifestaba entonces que esos vacíos legales están condicionando conflictos e impunidades dolorosos para quienes trabajan la tierra. Y solicitaba esclarecimiento de tal asunto.
Al respecto, respondió el pasado 27 de diciembre Omar Machín Lemus, presidente del Consejo de la Administración Municipal (CAM) de Minas de Matahambre, que, para la atención al caso, se entrevistó con José Eduardo una comisión presidida por el delegado municipal de la Agricultura, e integrada por el jefe del departamento del Registro Agropecuario y la especialista de Atención a la Población del Poder Popular Municipal.
En el encuentro, añade, José Eduardo planteó la necesidad de que a niveles superiores se analice el tema, y se aprueben normas jurídicas que penalicen el daño de animales en tierras ajenas, al no existir normas legales que permitan a los inspectores de la Agricultura resolver esos conflictos.
Refiere Machín que la comisión insistió en que, hoy por hoy, la vía de los Tribunales es la más factible para que transiten tales demandas, y se indemnicen los daños causados a los cultivos por los animales de otros.
No obstante, señala, se convocó a una reunión de la Junta directiva y la Asamblea de socios de la cooperativa, presidida por la Delegación Municipal de la Agricultura, para analizar el asunto del daño de los animales a los cultivos, al tiempo que se indicó la activación de las patrullas campesinas.
Señala que también se informó sobre un grupo de medidas a aplicar de acuerdo con el tipo de afectación y los animales que la provocan; pero, lamentablemente, no se especifican.
También, añade, se evaluó el asunto con el delegado de la circunscripción y el presidente del consejo popular, para incluirlo como tema en las asambleas de rendición de cuentas, como un alerta ante las indisciplinas que al respecto se están registrando. Y se le orientó al interesado, afirma, informar sin dilación a la Delegación Municipal de la Agricultura cualquier situación que surja a propósito para reaccionar con inmediatez.
Agradezco la respuesta y las medidas paliativas que se adopten allí, aunque es evidente que el problema planteado del vacío legal existente merecía una respuesta esclarecedora mucho más arriba: desde el propio Ministerio de la Agricultura.
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