El derecho a preguntar

El 19 de abril, Yusbel Varela, socio de la cooperativa Horacio Rodríguez, en Campechuela, Granma, denunció aquí incumplimientos en el pago de más de 200 quintales de arroz de noviembre de 2016 y de 166 más de enero de 2017. Contó que como él había otros campesinos, y precisó que en la cosecha anterior demoraron cinco meses en pagarles.

El 18 de mayo, respondía Dunerkis González Pérez, vicepresidente del Grupo Empresarial Agrícola del Ministerio de la Agricultura, que la investigación hecha arrojó que «el 27 de diciembre de 2016 se transfirieron erróneamente 98 052 pesos con 18 centavos a la cooperativa Horacio Rodríguez, del municipio de Yara, cuando debió ser a la de igual nombre en Campechuela».

Decía que la dirección de la Empresa Agroindustrial de Granos (EAIG) Fernando Echenique hizo el análisis y aplicó amonestación ante el colectivo a la especialista en Finanzas y a la técnica en Gestión Económica, responsables del error. Y las mencionaba por sus nombres.

Apuntó que en los últimos meses de 2016 el pago del arroz se atrasó por la llegada tardía del subsidio, lo que limitó cumplir a tiempo con las bases productivas. Y afirmó que Yusbel recibió el dinero que le debían cuando él respondió.

Para evitar que tales hechos continúen ocurriendo, decía, la Fernando Echenique solicitó créditos de capital de trabajo para disponer de financiamiento y pagar a los productores en el tiempo previsto en el contrato, aun cuando se produzcan atrasos en la entrada del subsidio a cargo del Presupuesto estatal.

Agradecí la respuesta y al fin el pago. Dije que, dado lo grave del impago, no se aclaró por qué se transfirió el dinero a otra cooperativa, ni la responsabilidad de quienes, desde niveles superiores, debían controlar el trabajo de «las funcionarias apenas amonestadas».

Señalé que no se esclarecía la razón del atraso en la entrada del subsidio a cargo del Presupuesto, ni se fundamentó por qué la EAIG no previó solicitar créditos de capital de trabajo para asumir las deudas, «algo que vino a hacerse luego de que se revelara el incumplimiento».

Ahora escribe Denia Rivero Castillo, directora contable financiera de la Fernando Echenique, que, a partir de la queja publicada, hicieron todos los trámites, «y el 26 de abril enviamos los resultados a nuestra Dirección Nacional, que fue la que nos pidió respuesta del asunto».

Denia se asombra de que yo vierta juicios, por demás respetuosos, sobre la respuesta de Dunerkis, y expone su inconformidad, la cual sintetizo:

La Empresa no solicitó créditos al Banco porque se publicara la queja; son parte de su práctica cotidiana. Desde mucho antes había pedido un crédito de 50 millones de pesos y otro por 325 millones para capital de trabajo.

El redactor —dice— cuestiona por qué no explicamos la razón del atraso en situar el subsidio a cargo del Presupuesto del Estado. Nuestra obligación es solicitarlo, y sabemos que el Estado cubano tiene múltiples obligaciones financieras. Cuando no lo sitúa a tiempo, es porque existen razones suficientes que no nos compete cuestionar.

Las dos funcionarias que fueron «apenas amonestadas» son dos excelentes trabajadoras con intachable trayectoria. Y cometieron un error involuntario dentro de lo lógico de la actividad humana, y recibieron su amonestación. Dijeron estar avergonzadas por la falta y se comprometieron a poner el cuidado necesario en la gestión documental, como han hecho durante años. Mostraron su inconformidad ante la asamblea de trabajadores, «porque lo que fue una amonestación ante el colectivo, es hoy ante el pueblo de Cuba y tal vez un poco más allá, pues Juventud Rebelde se encargó de publicar sus nombres y apellidos», concluye.

A Denia: Pregunté la causa del atraso del subsidio a cargo del Presupuesto estatal, no acerca de cuándo ustedes lo sitúan. Quizá haya razones para la demora, pero no es pernicioso preguntar y cuestionar, sobre todo cuando se trata del pago a quienes sudan la camisa en el campo. La disciplina financiera atañe a todos, abajo y arriba.

La duda sobre por qué no se solicitaron antes créditos al Banco para los pagos, surgió precisamente de la respuesta de Dunerkis, cuando dice que para que no se repitan esos hechos, la Empresa solicitó créditos «a fin de disponer de financiamiento y asumir los pagos a los productores».

De las trabajadoras «apenas amonestadas», respeto su sentido del deber y vergüenza laboral, su compromiso de poner cuidado. Quizá era innecesario revelar sus nombres. Pero tampoco el error, aunque «involuntario», debe minimizarse «dentro de lo lógico de la actividad humana», porque gravitó sobre esos campesinos y sus familias.

No se esclarece tampoco en la carta de Denia la responsabilidad de quienes, desde niveles superiores a las amonestadas, debieron controlar algo tan serio como el impago a los productores, que al final es lo más importante en esta historia.

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