Acuse de recibo
Raúl Ramírez Pérez (calle Camino Guerrero sin número, Los Arabos, Matanzas) es propietario legal de su vivienda desde hace 32 años. Pero desde 2013 no puede disfrutar de una parte del espacio que le corresponde.
Resulta que su vecina, sin previo consentimiento de él, se dirigió a la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) para que la autorizaran a ocupar una parte del terreno de Raúl, para edificar una cerca de canto y malla peerles.
Manifiesta el remitente en su carta que tras concluir todo el proceso de tramitación, que pasó además por la Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF), el Tribunal Municipal falló a favor de la vecina.
Raúl reclamó entonces al Tribunal provincial, y este falló a su favor. Y como la vecina no estuvo de acuerdo con este fallo, reclamó en 2016 al Tribunal Supremo Popular, el cual dio la razón a Raúl, con notificación el 22 de junio de ese año.
«En la actualidad —subraya— estoy a la espera de una respuesta por parte de la DMV y la DMPF para solucionar esta problemática que me afecta desde hace más de un año. ¿Hasta cuándo esperar porque las entidades del terruño hagan cumplir con total transparencia e imparcialidad lo que dictaminó la instancia superior?
«Al parecer existe una alta dosis de comprometimiento, morosidad y burocratismo de los organismos involucrados, a la hora de tomar una decisión final», concluye Raúl Ramírez.
Justo Romero Fáez es un campesino de 76 años residente en Lagunita Arriba del Jobo, en el municipio guantanamero de Imías, y revela que se le ha negado el derecho a la propiedad de la tierra de su difunto padre, en la cual ha trabajado toda la vida.
Cuenta que trabajó siempre como ayudante del padre, y cuando este enfermó y no pudo continuar, le otorgó un poder notarial para que lo representara en todas las transacciones económicas, crediticias y productivas relacionadas con su propiedad, tanto en la agencia bancaria, como en la Agricultura y otras entidades y organizaciones.
El problema, según Justo, es que a su padre desde niño le llamaban Giraldo Romero, sin el segundo apellido. Y poco antes de morir, por un trámite necesario, fue al Registro Civil de Baracoa y no aparecía su inscripción de nacimiento.
Al final de la búsqueda, dice, resultó que había sido inscrito por la madre con el nombre de Sabas Romero y no como Giraldo, como lo habían llamado siempre. Por eso, en ese mismo instante recibió un carné de identidad con ese nombre.
Señala el remitente que cuando le entregaron el carné de identidad se percató de que llevaba el nombre de Justo Rodríguez Fáez. Y él no estuvo de acuerdo. «Al dirigirme al Registro Civil de Baracoa —refiere— palpablemente por error se plasmó que mi padre era Giraldo Rodríguez Rodríguez, y que dicho acto se había efectuado en presencia de mis dos padres (cosa improbable e infundada)».
Al morir el padre de Justo, este se personó en la Dirección Municipal de la Agricultura a solicitar la adjudicación de la finca, lo que le fue denegado porque no se evidencia relación filial alguna con su progenitor, al constatar que tienen apellidos distintos.
No se tuvo en cuenta, añade, que «mis ocho hermanos concurrieron en más de una ocasión durante el proceso, y declararon la veracidad de mi relación con ellos, como hijo legítimo y natural de nuestro padre, así como el reconocimiento de mi legítimo derecho a la propiedad de las tierras y bienes agropecuarios, por ser yo el único de todos que las había atendido y trabajado toda la vida», enfatiza.
Justo apeló a la Delegación Provincial de la Agricultura y ante el Ministerio de la Agricultura, el cual ratificó la negación.
«¿Cómo es posible —señala— que no se haya tenido en cuenta que en dicha tierra he trabajado toda la vida? Y aunque hubiese tenido relación familiar con su propietario, por el tiempo de laborar en ella me corresponde el derecho a la propiedad, según las leyes vigentes.
«El huracán Matthew devastó la finca, incluyendo los cultivos y viviendas. Y hasta el momento no he logrado hacer nada para recuperarla, porque se me ha negado el acceso a financiamiento a través de créditos bancarios, por tener la propiedad embargada. Me duele ver la destrucción de mis cultivos sin poder hacer nada y sin saber hasta cuándo», concluye.
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