Acuse de recibo
El granmense José Luis Estrada Perdomo (La Aurora No.1, Caney de las Mercedes, Bartolomé Masó) viene de vuelta de muchas gestiones. Siente maltratados sus derechos y continúa reclamando, aunque ya lleve más de dos años en litigio.
Resulta que en noviembre de 2014, en virtud del Decreto-Ley 300, se le entregó al remitente una hectárea de tierra en usufructo; pero la Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF) y la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV), autorizaron a otro lugareño a construir una casa en un terreno enmarcado dentro de esa propia hectárea, narra José Luis.
Al comenzar la edificación de la vivienda, refiere el lector, presentó la queja ante la DMPF, y mostró allí toda la documentación que lo acredita como usufructuario. Sin embargo, no se emitió la correspondiente orden de paralizar la obra.
«También presenté mi reclamación en la Oficina de Control de la Tierra (OCT) de la Delegación Municipal de la Agricultura, los que a través de GeoCuba y sus inspectores visitaron el área en litigio, realizaron la medición del terreno y los trámites necesarios que mostraron que yo tenía razón…», evoca el agricultor.
En la casa del afectado se presentaron el Director de la DMPF, el Jefe de los Inspectores de esta entidad, un funcionario de la DMV y dos inspectores, y le propusieron que el otro vecino le diera «un pedazo de tierra ya preparada para que yo lo dejara construir dentro de la tierra mía». Él no aceptó esta idea y provocó incomodidad y expresiones airadas en los visitantes, señala el remitente.
Agrega el granmense que ha presentado su queja en diversas entidades del municipio, entre ellas la DMV, la Asamblea del Poder Popular, la Fiscalía… y como respuesta le reiteran la apreciación de la DMPF de que él está sobredimensionado en sus linderos; lo cual contradice lo certificado por la OCT.
Insatisfecho con estas respuestas, el campesino se dirigió al nivel provincial de Planificación Física, Vivienda, Fiscalía y Agricultura. Otra vez se repitió lo dictaminado por la DMPF «sin que mediara ni siquiera una visita por parte de los compañeros de estos organismos provinciales a mi casa; por lo que considero que no se hizo un análisis profundo de la situación», se duele.
Ya por este problema a José Luis se le ha afectado la plantación de plátano fruta que poseía en el área de marras. Y aún no ve una solución justa a su reclamo.
Si lo que cuenta el agricultor es exacto, ¿por qué se autorizó en primera instancia y no se ha mandado a detener después la edificación ilegal en la hectárea del usufructuario? ¿Las instituciones provinciales a las que acudió no deberían haber investigado in situ el dilema, sin limitarse a reproducir lo que argumentaba la DMPF?
«Somos dos ancianas de más de 70 años cada una. En la casa que colinda con la nuestra hubo un derrumbe en diciembre de 2015… En la demolición e inicio de la reparación de esa casa vinieron dos empresas de la Construcción y casi dejaron la nuestra en peligro de derrumbe». Así lo cuenta en su breve e impactante misiva Rafaela Moya Yera (Caridad No. 53, entre Colón y Maceo, Santa Clara).
«En mayo de 2017, el Grupo Empresarial de la Construcción, por carta, nos comunicó que se reunirían con el Director de Vivienda para la ejecución del cerramento y aún estamos esperando», apunta la lectora.
Han acudido las dolientes a las Asambleas Municipal y Provincial del Poder Popular. La primera de estas instancias tomó un acuerdo para apoyarlas en la solución del problema, pero hasta ahora, nada. Y el peligro de un desplome está cada vez más latente en su hogar.
Las Empresas en cuestión: ECOING-25 y ECOI-1, ya no existen, aclara la santaclareña, en su lugar está el Grupo Empresarial de la Construcción en Villa Clara. Pero la deuda de reparación con ellas sigue en pie. ¿Hasta cuándo tendrán que sufrir un peligro que no causaron?
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