Acuse de recibo
El pasado 29 de marzo, desde Vista Alegre 206, entre Saco y Luz Caballero, Víbora, municipio capitalino de 10 de Octubre, Lusset Barrio Pi denunció aquí el «misterio» del servicio telefónico que le fue aprobado y no aparecía.
Contó que en noviembre de 2014 dio a luz gemelos: el primero con buen parto y óptima salud, el segundo, por cesárea, sufrió asfixia perinatal severa, que le causó una encefalopatía hipóxica perinatal. Además, la entubación aplicada le ocasionó displasia broncopulmonar y pérdida del reflejo de succión y deglución, por lo que hubo que hacerle una gastrostomía para garantizar su alimentación.
Luego de más de un año se le pudo retirar la gastrostomía, pero el niño aún presenta dificultades. Tiene además hipoacusia, estrabismo, asma intermitente, inmunodepresión. Y recientemente le fue diagnosticada una broncoestasia sacular bilateral, con colapso de lóbulo.
Lusset decía que por la delicada salud del niño, en febrero de 2015 presentó por escrito una solicitud de teléfono fijo a la Presidencia de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP) de 10 de Octubre. Y se entrevistó con uno de sus vicepresidentes, con funcionarios de Atención a la Población de la misma y trabajadores sociales.
Como resultado, su caso estaría entre los considerados por la Resolución 251 de 2013 del Ministerio de las Comunicaciones. Tras larga espera, en enero de 2016 escribió al Consejo de la Administración Provincial (CAP) de La Habana, reafirmando la solicitud y la necesidad de teléfono.
Varios meses después, y sin respuesta alguna, se dirigió a Atención a la Población de Etecsa. Y el jefe del centro telefónico de Monte, en su respuesta consideró el caso como «de excepcionalidad, que lleva otro tratamiento por parte del CAM de 10 de Octubre». Ella entregó copia de esa respuesta al Departamento de Fiscalización y Control de la AMPP. Y le dijeron que se tramitaría su solicitud con el CAP.
La funcionaria Nayma, de Fiscalización y Control de la AMPP, en marzo de 2017 mostró a Lusset un documento, en el que se relacionaban las personas a las que el CAP había aprobado la solicitud de teléfono. Y ella aparecía de primera en la lista. Nayma le confirmó que lo había entregado a Etecsa.
En agosto de 2017, Lusset fue a la oficina Territorial Sur de Etecsa, y al buscar en su programa las asignaciones colegiadas entre Etecsa y el CAP desde 2015 hasta 2017, no aparecía su caso. Al preguntarle a la funcionaria si los mecanismos de otorgamiento por la resolución 251 estaban vigentes, le respondió afirmativamente.
«En la misma oficina de Etecsa donde acudí la primera vez —añadía— me han confirmado la existencia de pares telefónicos en mi área, pero están imposibilitados por la falta de gestión.
«Además de la falta de acción oportuna ante mis insistentes reclamaciones, lo que más queda en evidencia es la falta de sensibilidad humana ante este tipo de problema. Si bien mi niño al cabo de tres años superó las expectativas de vida, aún requiere de mucha atención por su retraso en el desarrollo sicomotor», concluía Lusset.
Al respecto, el pasado 27 de junio respondió Damián Cardonet Oviedo, vicepresidente de la AMPP de 10 de Octubre que «ciertamente, le asiste la razón a la quejosa, y que por mora de Etecsa no se le ubicó el teléfono asignado, y que con posterioridad a la queja publicada en el periódico, se le dio respuesta a su caso, el cual estaba asignado por excepcionalidad. Por lo que le comunicamos que dicha acción sigue pendiente de solución por Etecsa».
La respuesta deja muchas lagunas, y evidentemente Etecsa debe aclarar por qué a un caso de tanta sensibilidad y excepcional, que fue aprobado y estaba en la lista, sin dificultades de pares ni mucho menos, no se le instaló el teléfono.
Además, se evidencia que el Gobierno Municipal de 10 de Octubre no le dio seguimiento y control a algo que había sido ya aprobado por el CAP. Al final, le da la razón a la «quejosa» (denominación algo peyorativa para alguien que clama por un derecho otorgado), pero las cosas están detenidas en el mismo sitio, y no hay una exigencia inminente. Es duro para Lusset escuchar que su reclamo «sigue pendiente de solución por Etecsa».
¿Un Gobierno municipal no tiene el derecho y el deber de exigir que se cumpla un acuerdo del Consejo de la Administración Provincial?
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