Acuse de recibo
Inalbi Felicia Hernández (Máximo Gómez 74, Banes, Holguín) cuenta que su esposo Pablo Quiñones Santiesteban era jefe del departamento de Medios de Diagnósticos en el policlínico César Fornés Frutos, de ese municipio. Y a principios de 2018 le llegaron rumores de que debía jubilarse.
Pero Pablo desea hacerlo en 2019, refiere, cuando cumpla los 50 años de vida laboral. Y en marzo pasado, la directora en funciones del policlínico entonces le ordenó que debía dejar el cargo de jefe de departamento.
Los compañeros de trabajo de Pablo, inconformes con ello, elevaron queja al Partido, Gobierno, CTC y Fiscalía en el municipio. Y la respuesta fue que no procedía. Pablo debía quedar en su puesto.
A fines de abril, vuelven a conminarle para que deje el cargo. Él se niega y es amenazado con una sanción como cuadro. «Pero como es un trabajador excelente, refiere Inalbi, no desea ser sancionado por primera vez en su vida laboral. Se ofusca, y pide que pongan en su lugar a quien ellos quieran. Así lo hacen».
Se decide colocar en su lugar a otra persona, obviando la reserva preparada por él. «Y el 18 de mayo pasado, Pablo quedó fuera de su puesto de trabajo y, peor aún, desocupado, sin plaza fija, por no existir disponibilidad en el centro», afirma Inalbi.
A los dos días le comunican que ocupará una plaza con contrato determinado, en sustitución de un licenciado, alumno del propio Pablo, que actualmente cumple misión en Venezuela. Y cuando aquel retorne, Pablo seguirá desocupado.
«El fin que se persigue es su jubilación; ¿por qué?», manifiesta Inalbi.
Cuenta que el 21 de mayo pasado se entregaron documentos al Partido, el Gobierno y la CTC en el municipio, reclamando el derecho que le asiste. «Pablo no está enfermo ni discapacitado, ni quiere jubilarse… Además, no hay ley que obligue a una persona a jubilarse», manifiesta.
«Los méritos de dirigente se ganan trabajando, como lo ha hecho mi esposo con casi 49 años de limpia trayectoria laboral y moral, sin una sola ausencia al trabajo ni certificados médicos, con participación en etapas cafetaleras y cañeras, movilizaciones al agro y a las FAR.
«Es donante de sangre, dirigente sindical, juez lego con más de 20 años de trabajo destacado, fundador y actual presidente del Órgano de Justicia Laboral del centro. Tiene dos misiones (Nicaragua y Venezuela). Fue elegido como candidato al Congreso de la CTC por la masa de trabajadores y gracias a la favorable opinión de pacientes y familiares de estos», enfatiza.
Inalbi revela que ha tenido entrevistas al respecto con abogados, en Atención a la Población del Partido, con un vicepresidente del Gobierno, en la CTC municipal. «Siempre me dicen que darán respuesta y aún no lo hacen», expresa.
«Cansada de sufrir por mi esposo y mi familia, por la intranquilidad en que vivimos, tengo la esperanza de ser tomada en cuenta y que se haga justicia. Hago eco con esta reclamación de todos aquellos que se han solidarizado conmigo, después de saber lo ocurrido», concluye Inalbi.
Odennis Fiss Avilés (Edificio 16, apto. B-1, Vado del Yeso, Río Cauto, Granma) es productora de la UBPC La T, y relata que del 6 al 7 de abril pasados un pelotón del central azucarero Grito de Yara dio corte a su caña, en diez hectáreas.
Lo preocupante es que el 1ro. de agosto, cuando Odennis me escribió, no había respuesta aún del pago por la entrega de esa producción al central.
«Nos hemos comunicado con la contadora principal de esa unidad, y la respuesta recibida es que no hay dinero y que debemos seguir esperando. ¿Por qué, si mi caña ya fue convertida en azúcar y comercializada? ¿Hasta cuándo van a responder con palabras vacías?» cuestiona Odennis.
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