Acuse de recibo
Las respuestas, por fortuna, nos desbordan. Y la columna se va atrasando en publicarlas frente a otras urgencias que, tristemente, tampoco dejan de llegar a granel. Hoy aprieto las líneas para colocar dos contestaciones.
La primera llega desde la Dirección de Atención al Cliente de Aguas de La Habana, la firman Halina Guerra Castro (jefa de Dpto.) y Eladio Cobas Martínez (subdirector) y se refiere a la queja de Liusik Álvarez Santana (calle Nuestra Señora de Regla No. 34, entre san Agustín y Caridad, Regla, La Habana).
De Liusik compartimos en estas líneas, el pasado 10 de junio, un verdadero «diario de las pestes albañales», en el que se daba cuenta, además de la tupición de aguas negras y su peligrosa mezcla con el agua potable, de una extensa lista de incongruencias y dilaciones por parte de quienes debían resolverla.
Al respecto apuntan los funcionarios que «la Jefa de la Oficina Territorial de Aguas de La Habana del municipio de Regla, acompañada de otros funcionarios de esa dependencia, visitaron a la cliente en su lugar de residencia y con espíritu autocrítico reconocieron que cometieron errores de procedimiento, tratamiento y atención a su situación, pues les faltó análisis y profundización, ofreciéndole disculpas».
Para eliminar la obstrucción, brigadas de saneamiento de la entidad trabajaron en el lugar y «repararon el entronque de alcantarillado con su registro de inspección, repararon la línea de alcantarillado y construyeron un registro de 24 pulgadas; sellaron con asfalto el corte de la calle, quedando solucionada la afectación. En el expediente del caso, consta firma de conformidad de Liusik Álvarez...».
Agradezco la autocrítica respuesta y la solución del problema, pero una vez más, se actúa a la reactiva, cuando se ventilan públicamente los asuntos. Por otra parte, nada se dice de los responsables de los «errores de procedimiento, tratamiento y atención». ¿Qué medida se adoptó con ellos? ¿Cómo la entidad pretende garantizar que no se repitan situaciones de esta índole?
La segunda respuesta corresponde al caso de Idanis Caridad Cabado Couce (Santa Rita No. 575 Bajos, entre San Agustín y Clarín, Santiago de Cuba), quien narró en esta columna el 8 de mayo último las angustias y los absurdos que hubo de enfrentar desde 2013 a la actualidad para obtener el habitable de su hogar.
Lo más alarmante, relataba la jubilada, es que, a falta de habitable, tampoco había podido agenciarse el cambio de dirección, la libreta de abastecimientos, ni el contrato para adquirir gas licuado, con los perjuicios que todo ello acarrea.
A propósito contestan Mariana Denis Rojas, Aldo Alcántara de la Cruz y Yanisleidis Serrano Fuentes, máximas autoridades de la Dirección Provincial de Vivienda (DPV), la Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF) y la Dirección Municipal de Vivienda (DMV), respectivamente, quienes inician admitiendo que le asiste la razón a la demandante.
Apuntan los funcionarios que la casa en cuestión se ejecutó estatalmente según el programa emitido por la extinta Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV), en el año 2013. Posteriormente, en 2015, se solicita por parte del área técnica de la DMV a la DMPF «el certificado de habitabilidad del inmueble construido; ya había desaparecido la UMIV como parte del reordenamiento de funciones que se llevó a cabo en 2014 y finalizó en 2015, y precisamente una de las funciones que se traspasó a Planificación Física fue la emisión de licencias y habitables, tanto a personas naturales como jurídicas».
Reconocen además los directivos que, tanto la DMV como la DMPF «son responsables de las demoras en dar respuesta al trámite solicitado, a partir de elementos técnicos que no fueron evaluados con la profundidad requerida».
A la altura del 27 de junio, fecha en que entró la respuesta a nuestra redacción, ya se había realizado nuevamente la visita al inmueble y se han esclarecido los datos pertinentes, «se elevó la propuesta de otorgamiento de vivienda al Consejo de la Administración Municipal (CAM), emitiéndose su aprobación mediante el acuerdo No. 1892, de reunión ordinaria del CAM del 15 de mayo, y fue tramitada por la Subdirección de Control del Fondo de la DMV la legalización del inmueble a favor de Idanis de la Caridad Cabado Couce, resolviéndose mediante la Resolución No. 1243 del 31 de mayo de 2018, en el expediente No. 745 de 2018», exponen los ejecutivos.
Finalmente, informan que se realizaron los análisis disciplinarios con los especialistas, técnicos y cuadros responsables de la actividad, y se adoptaron las medidas disciplinarias correspondientes en cada caso.
Sin espacio ya, agradezco la misiva. Alegría de problema resuelto, pero, una vez más, solo después de publicado. ¿Cuándo cambiará ese proceder?
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