Acuse de recibo
Erick Roque Martínez se sorprendió al presentarse en la tienda habilitada para la venta en moneda libremente convertible en la ciudad de Ciego de Ávila, con el objetivo de adquirir una batería de litio para su moto eléctrica.
Sí, porque encontró la batería, pero estaba a la venta sin cargador ni embalaje. Le preguntó el porqué al empleado que le atendió. Y este le respondió que estaba indicado venderla así.
El cliente fue entonces a la dirección de Cimex en la provincia, y allí le informaron que debía comunicarse con ellos por medio de la línea única de la corporación, en el teléfono 80000724. Llamó al mismo y habló con Diamanna, quien recibió la queja, asignándole el número 0918355. Y le informó que recibiría respuesta en un plazo de 72 horas.
Pasaron más de cinco días, y nada de respuesta. Erick volvió a llamar, y la persona que le atendió desconocía completamente lo referente a su caso. Le dijo que volvería a dar curso a su solicitud.
Al final, la respuesta que él recibió de la dirección de Cimex en el territorio, fue que, por orientación de instancias superiores, la batería se expende sin cargador, por lo cual debe ser extraída de la caja donde viene acompañada del mismo, antes de la venta.
Y le especificaron que no es una decisión de ellos, que solo les corresponde prestar un «buen servicio». Y, al propio tiempo, en el mismo documento se cataloga a la queja: Con razón.
«La batería tiene tres meses de garantía, señala Erick, ¿quién me garantiza el buen funcionamiento de esta si tengo que adquirir un cargador por otra vía, que no es la adecuada, atentando contra su integridad?
«Es conocido que dondequiera que se vendan estos artículos, se incluyen todos los accesorios para su buen funcionamiento. ¿Cómo es posible que se divulgue por todos los medios la apertura de una tienda con, supuestamente, todas las garantías necesarias, cuando hay artículos que vienen incompletos? ¿Adónde fueron a parar las partes que faltan?
«Esto no es un servicio gratis. Entendemos que es imprescindible para la recuperación de divisas, que tanto necesita el país. Apoyamos la idea, pero merecemos, como todo cliente, respeto y claridad en la información que solicitamos ante cualquier inquietud», concluye Erick, y sigue esperando por una respuesta convincente allá en su casa, en Cuba no. 4, entre Marcial Gómez y Honorato del Castillo, en la ciudad de Ciego de Ávila.
Siguen llegando a nuestra redacción denuncias sobre la impunidad con que se registran los excesos sonoros en los barrios de nuestros pueblos y ciudades. Osvaldo Contreras Rodríguez (Calle 38, entre 37 y 41, San Nicolás de Bari, provincia de Mayabeque) considera que el problema de la hiperdecibelia no es solo culpa de las personas insensibles e indolentes que sitúan la música a niveles insoportables de volumen, sino también de las autoridades que no hacen valer las leyes y normativas de respeto al prójimo.
Refiere Osvaldo que ha denunciado vía telefónica a la policía de San Nicolás de Bari en cuatro ocasiones alteraciones de este tipo en varios lugares, y no se han presentado en el lugar de los hechos por lo que los transgresores hacen lo que les place.
Osvaldo confiesa que se siente doblemente ofendido: no solo por las personas que agreden sonoramente la paz y la tranquilidad de los vecinos, sino también por quienes tienen que aplicar las leyes establecidas y no lo hacen.
«Por favor, quisiera que publicaran esta nota, para ver si de alguna forma despierta el interés de los agentes encargados de cuidar el bienestar del pueblo», concluye Osvaldo.
Ya llueve sobre mojado lo de las agresiones sonoras en el país. No es solo en San Nicolás de Bari. ¿Cuántos territorios pudieran verse reflejados en esta denuncia? Y no son solo las autoridades del orden interno las que deben tomar ese toro por sus cuernos, sino también los gobiernos locales y las administraciones públicas. Pero hasta ahora, la hiperdecibelia no es prioridad, la pura verdad.
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