Acuse de recibo
A la pregunta sobre si en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) solo se atienden extranjeros y personas escogidas, hecha recientemente en la tradicional conferencia de prensa diaria con las autoridades de Salud Pública sobre la COVID-19, Osmany Pérez Morejón responde con la historia de su esposa, Maribel Fernández Reloba.
Osmany, quien reside en Prolongación de Guáimaro 139, entre Estenoz y Carretera a Placetas, en Fomento, Sancti Spíritus, cuenta que él y su esposa, personas sencillas y trabajadoras de pueblo, se atienden en dicha institución desde 2001. Y argumenta por qué «en esa institución no hay ninguna discriminación para persona alguna, y el trato de sus trabajadores es de excelencia».
A Maribel, dice, una comisión médica le prohibió seguir trabajando, pues fue diagnosticada hace muchos años con una TB extrapulmonar y microbacteria atípica resistente en los pulmones. Los médicos del IPK la curaron. En 2010, ella debutó con linfoma no Hodgkin, y allí la salvaron. Luego, una lesión en los riñones, y también la salvaron. Luego un cusching, y la salvaron. En marzo pasado, ellos estaban allí en el IPK cuando se tomaban las primeras medidas ante la COVID-19. Fueron los últimos en salir de la sala 2-B, hasta que lo de Maribel no estuviera encaminado.
«Hemos pasado en casi 20 años por casi todas las salas de ese gran hospital —señala—, y damos fe de la gran calidad humana de ese colectivo de trabajadores. Damos gracias a todos, y a este gran país que es mi patria, Cuba. En otro lugar quizá la hubieran salvado; pero entonces me estuviera preguntando de dónde un simple trabajador sacaría los miles de dólares que costaría. Yo también me atiendo en el IPK, solo que he corrido con mejor suerte de salud. Un aplauso grande para todos», concluye Osmany.
Muy preocupada por la situación de su familia escribe Leslie Pérez Font, desde San Gregorio 284, entre Alegría y Loreto, Víbora Park, La Habana.
Ella cuenta que es madre de dos niños, de nueve y seis años, respectivamente. Es cajera de un banco, pero se encuentra de licencia de maternidad, embarazada con siete meses. Su esposo es enfermero. Y su mamá, que vive también con ellos, es médico militar. Con la situación actual del coronavirus, ambos están sobreocupados, y cuando llegan a casa, ya todo el expendio de alimentos está cerrado.
Leslie ha intentado salir a comprar los alimentos, y ha dejado a sus dos hijos con una vecina de la tercera edad. Pero en su estado no es recomendable andar por la calle y hacer esas colas. Y le han dicho que debe apoyarse en sus vecinos. Y estos, asegura, son personas que oscilan entre los 60 y 80 años de edad.
La remitente afirma que no ha podido apoyarse en los trabajadores sociales allí, pues según ellos no está la mensajería incluida en su contenido de trabajo. Y solicita al Estado cubano alguna fórmula de apoyo y cooperación para personas que, como ella y su familia, por su cuadro tan particular, merecen tratamiento casuístico en tal sentido.
Este redactor considera que si estamos en una situación excepcional, también de excepcionales deben ser, ante tales casos, las preocupaciones y ocupaciones de los trabajadores sociales y los factores de la comunidad, entre ellos los vecinos. ¿No hay nadie en su barrio que pueda darle una mano a esa familia?
Leandro Rojas Ramírez (edificio 3, apto. 2, comunidad Cubitas, Sierra de Cubitas, Camagüey) felicita la experiencia que ya viene aplicándose en la provincia de Matanzas, en cuanto a la distribución regulada de alimentos y bienes de aseo personal.
«Es una opción muy bien pensada, la cual considero que por largo tiempo hay que implementarla con máximo y merecido rigor, para que todos disfrutemos de la igualdad de derechos que la Revolución pone en práctica, la cual siempre sus hijos agradecerán con plena confianza, seguridad, respeto y credibilidad.
«De igual manera, esta práctica debe mantenerse mientras permanezca la actual situación, y debe ser extensiva a todos los rincones del país», concluye Leandro.
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